La ineficiencia de Haití para entregar documentos a sus ciudadanos ha convertido en objetos de deportación a miles de haitianos, en un panorama donde todavía no se sabe cómo se ejecutarán esas repatriaciones.
El Gobierno dominicano ha asegurado que una vez terminado el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, la salida de ilegales se ejecutará en total apego a las leyes migratorias, no será masiva y tampoco se tratará de “una cacería de brujas”. Ahora bien, ¿cuál será la logística para esas deportaciones? ¿Con qué criterio los haitianos serán puestos a disposición de esta ley para ser devueltos a su país? ¿Ya se creó un protocolo? A pesar de las promesas de que será algo organizado, todavía esas preguntas no tienen respuestas o, al menos, no se han dado a conocer con detalles.
Desde el Ministerio de Interior y Policía, concretamente, se sabe que cuenta con automóviles para las deportaciones. Por parte de Cancillería se habla de un acuerdo con Haití. Desde la Dirección General de Migración, la entidad responsabilizada de ejercer las deportaciones, no se ha dicho nada. Y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres (Cesfront) reconoció a mediados del mes pasado que no tenían conocimiento de cuál será su papel en este asunto.
La secretaria del Consejo Nacional de Migración, Florinda Rojas, confirmó ayer que ese órgano no se ha reunido para debatir las líneas a fin de ejecutar las deportaciones, cuando faltan 13 días para finalizar el Plan de Regularización. “El Consejo no tiene que reunirse para eso, pero en caso de que así sea es Interior y Policía quien debe de convocar. El protocolo se elabora entre varias instituciones (Migración y los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior y Policía), con todos los instructivos de cómo realizar este operativo”, explicó Rojas y a su vez dijo que no tiene información de si ese encuentro interinstitucional se ha realizado.
Hace cinco meses, el exdirector de Migración José Ricardo Taveras informó que esa entidad tenía la prioridad de multar a las empresas, antes que iniciar con las deportaciones, que se supone iniciarán después del cierre del Plan, el 17 de junio. “Nos ocuparemos primero de visitar las empresas para hacer un levantamiento de los niveles de mano de obra… Hay que visitar, levantar un registro de recurso humano y multar”, dijo Taveras a elCaribe durante un almuerzo semanal en enero. No se sabe si los planes han cambiado con la llegada del nuevo director de esa cartera, el mayor general Rubén Darío Paulino Sem.
A esto, se le puede sumar un detalle: Interior y Policía ha otorgado una cantidad insignificante de carnés a quienes cumplen con los requisitos del Plan para legalizar su estatus. Se habla de decenas de miles de tarjetas migratorias que todavía no se han entregado, cuando el Estado tiene hasta el 1 de agosto para ello.
La última cifra sobre la cantidad de personas que se han registrado a este Plan de Regularización era superior a las 230 mil. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha sido en la historia del país el esfuerzo más grande que ha hecho Gobierno alguno para redimir la ilegalidad migratoria que ha imperado en la frontera domínico haitiana. “El país está preparado. Lo importante es no crear pánico porque (las deportaciones) son procedimientos normales en todas partes del mundo”, concluyó Florinda Rojas.
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Desde el Ministerio de Interior y Policía, concretamente, se sabe que cuenta con automóviles para las deportaciones. Por parte de Cancillería se habla de un acuerdo con Haití. Desde la Dirección General de Migración, la entidad responsabilizada de ejercer las deportaciones, no se ha dicho nada. Y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres (Cesfront) reconoció a mediados del mes pasado que no tenían conocimiento de cuál será su papel en este asunto.
La secretaria del Consejo Nacional de Migración, Florinda Rojas, confirmó ayer que ese órgano no se ha reunido para debatir las líneas a fin de ejecutar las deportaciones, cuando faltan 13 días para finalizar el Plan de Regularización. “El Consejo no tiene que reunirse para eso, pero en caso de que así sea es Interior y Policía quien debe de convocar. El protocolo se elabora entre varias instituciones (Migración y los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior y Policía), con todos los instructivos de cómo realizar este operativo”, explicó Rojas y a su vez dijo que no tiene información de si ese encuentro interinstitucional se ha realizado.
Hace cinco meses, el exdirector de Migración José Ricardo Taveras informó que esa entidad tenía la prioridad de multar a las empresas, antes que iniciar con las deportaciones, que se supone iniciarán después del cierre del Plan, el 17 de junio. “Nos ocuparemos primero de visitar las empresas para hacer un levantamiento de los niveles de mano de obra… Hay que visitar, levantar un registro de recurso humano y multar”, dijo Taveras a elCaribe durante un almuerzo semanal en enero. No se sabe si los planes han cambiado con la llegada del nuevo director de esa cartera, el mayor general Rubén Darío Paulino Sem.
A esto, se le puede sumar un detalle: Interior y Policía ha otorgado una cantidad insignificante de carnés a quienes cumplen con los requisitos del Plan para legalizar su estatus. Se habla de decenas de miles de tarjetas migratorias que todavía no se han entregado, cuando el Estado tiene hasta el 1 de agosto para ello.
La última cifra sobre la cantidad de personas que se han registrado a este Plan de Regularización era superior a las 230 mil. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha sido en la historia del país el esfuerzo más grande que ha hecho Gobierno alguno para redimir la ilegalidad migratoria que ha imperado en la frontera domínico haitiana. “El país está preparado. Lo importante es no crear pánico porque (las deportaciones) son procedimientos normales en todas partes del mundo”, concluyó Florinda Rojas.
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