por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la
Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria específica, programa
institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse
de una legislación vigente que reconoce derechos fundamentales en
salud, educación e inclusión social.
Maxi Feliz, defensora de los derechos neurodivergentes, madre azul y
activista social, denunció públicamente la no asignación de fondos
suficientes y específicos en el Proyecto de Presupuesto General del
Estado 2026 para la implementación de la Ley 34-23 sobre el Trastorno
del Espectro Autista (TEA), situación que mantiene en estado de
vulnerabilidad a miles de familias dominicanas.
Tras una revisión directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado
por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la
Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria específica, programa
institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse
de una legislación vigente que reconoce derechos fundamentales en
salud, educación e inclusión social.
La Ley 34-23 establece en su artículo 53 la obligación del Estado de
asignar los recursos necesarios para garantizar su ejecución. La
ausencia de una asignación clara en el presupuesto 2026 configura un
incumplimiento legal que afecta derechos fundamentales protegidos por
la Constitución Dominicana y por tratados internacionales ratificados
por el país.
Esta omisión presupuestaria se produce luego de años de espera por
parte de la comunidad azul, que confió en que la aprobación de la ley
representaría un cambio estructural real. Sin recursos asignados, la
ley permanece sin efectos prácticos.
Maxi Feliz recordó que el presidente de la República, Luis Abinader,
ha reconocido públicamente que la ley aún no cuenta con los fondos
necesarios, pero advirtió que los derechos de los niños con autismo no
pueden seguir sujetos a promesas futuras ni a presupuestos que los
omiten.
Finalmente, hizo un llamado firme a las autoridades para que se
incluya una partida presupuestaria específica para la Ley 34-23, se
definan responsables claros, se garantice transparencia en la
ejecución y se reconozca el autismo como una causa país que requiere
voluntad política real. “La comunidad azul no exige privilegios. Exige
cumplimiento de la ley. Porque sin presupuesto no hay derechos, y la
espera prolongada también vulnera”.
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