SAN JUAN.- Una mujer dominicana de 47 años fue detenida por la policía de Puerto Rico a finales de mayo, después de que ingresó a un edificio municipal para tramitar un permiso para vender helados en la playa.
Una vez que fue puesta a disposición de los agentes federales, la mujer presentó su pasaporte, licencia de conducir y permisos de trabajo que demostraban que vivía legalmente en la isla, indicaron su abogado, Ángel Robles, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.
A pesar de que presentó los documentos, las autoridades la trasladaron recientemente a Texas como parte de una ofensiva federal contra los migrantes que viven ilegalmente en jurisdicciones de Estados Unidos.
La mujer, cuyo nombre de pila es Aracelis, no ha sido identificada por su nombre completo porque es víctima de violencia doméstica.
Aracelis es una de cientos de personas que han sido detenidas en Puerto Rico desde que comenzaron los arrestos a gran escala a finales de enero.
Robles y la ACLU exigieron que Aracelis sea liberada y enviada de regreso a Puerto Rico.
“Es outrageous (indignante). No le han radicado cargos, y tampoco tienen el nombre de ella en el sistema”, dijo Robles.
Como su nombre no aparece en una base de datos federal, la solicitud de Robles para una audiencia de fianza fue rechazada. “Este operativo es un atropello”, declaró Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU en Puerto Rico.
El caso ha desatado señalamientos contra la gestión de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y las autoridades locales que han estado colaborando con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) para arrestar a quienes se cree que viven ilegalmente en el territorio.
En una carta enviada a la gobernadora y a la secretaria de Justicia de la isla, la ACLU acusó al gobierno de Puerto Rico de violar la Constitución y las leyes locales al proporcionar al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) información confidencial de casi 6,000 inmigrantes.
Un portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.
Entre otras cosas, la ACLU solicitó que el gobierno de Puerto Rico emita una orden ejecutiva que prohíba a las agencias públicas colaborar con las citaciones del ICE que no estén acompañadas de una orden judicial.
Una portavoz de la gobernadora no respondió al momento un mensaje en busca de comentarios.
Desde el 26 de enero hasta el 20 de marzo, agentes del ICE han arrestado a más de 200 personas, la mayoría dominicanas. No había cifras actualizadas de momento.
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