WASHINGTON.- La Administración Trump ha impuesto sanciones contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por «acciones ilegítimas e infundadas» contra Estados Unidos e Israel.
Las personas sancionadas son Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Beti Hohler, de Eslovenia; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; y Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín.
«Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de EE.UU. o Israel, sin el consentimiento de ambos países», comunicó este jueves el secretario de Estado del país estadounidense, Marco Rubio. Mientras tanto, destacó, «ni EE.UU. ni Israel son parte del Estatuto de Roma».
«Como jueces de la CPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos o nuestro estrecho aliado, Israel. La CPI está politizada y se atribuye falsamente una discrecionalidad sin límites para investigar, acusar y procesar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros [países] aliados», comentó Rubio.
«Hago un llamamiento a los países que todavía apoyan a la CPI, cuya libertad, en gran parte, se compró al precio de grandes sacrificios estadounidenses, que luchen contra este vergonzoso ataque a nuestra nación e Israel», añadió Rubio, en referencia a la investigación que realizan sobre las numerosas muertes de la población civil en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos y la ofensiva militar israelí.
En febrero pasado, la Administración republicana sancionó asimismo al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, acusándolo de abusar su poder «al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant». Desde mayo pasado, Khan se encuentra apartado de sus funciones por motivos de la investigación sobre su presunta conducta sexual inapropiada.
Países Bajos condena las sanciones impuestas contra los jueces de la CPI, dijo el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, alegando que los tribunales deben ser libres para hacer su trabajo.
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