NUEVA YORK.- El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, dijo que espera por una reunión con la gobernadora Jenniffer González para formalizar el pedido de que se protejan las licencias de conducir para migrantes indocumentados en la isla en medio de los operativos de las autoridades federales contra esa población.
“En todos los medios yo la he instado que queremos reunirnos con ella”, indicó el activista en entrevista con El Diario.
“El llamado sigue activo a una reunión para ver qué se va a hacer. Una madre fue a llevar a su niño hace poco a la escuela en Barrio Obrero (Santurce). Cuando dejó el niño, la estaba esperando ICE afuera y se la llevaron. Ella fue deportada. ¿Qué va a pasar con ese menor? Y eso es lo que le queremos llevar a ella, el aspecto humanitario”, añadió sobre los operativos que encabeza ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y sus efectos en el territorio como parte de las políticas de la Administración Trump.
En Puerto Rico, más de 20,000 migrantes cuentan con licencias de conducir en virtud de la Ley Núm. 97 de 7 de agosto de 2013, estimó.
La licencia es una autorización que expide el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP) para manejar un vehículo de motor por las vías públicas de la isla.
Para solicitarla, el extranjero debe haber residido en Puerto Rico por un periodo mayor de un año; no poseer una tarjeta de Seguro Social ni documento que verifique que no es elegible y no poseer documentación que demuestre que es ciudadano (a) de los Estados Unidos.
La ley derogó la número 79 del 26 de agosto de 2005, conocida como la de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico que establecía que, para poder obtener una licencia, el solicitante debía someter un documento de identidad, expedido por las autoridades en Puerto Rico, uno de los estados de EE.UU. o pasaporte por una autoridad extranjera como prueba de identidad.
El estatuto además estableció que el secretario de DTOP no puede incluir información en las referidas licencias sobre el estatus migratorio o la ciudadanía de la persona a la que se le ha expedido tal licencia.
Rodríguez reveló que, junto a otros grupos defensores de los derechos de los migrantes, investigan si el DTOP está compartiendo con las autoridades federales información de los extranjeros que fueron a hacer trámites relacionados con licencias de conducir a los llamados CESCO o Centros de Servicios al Conductor.
Al activista, alegadamente, le ha llegado información de tres casos de dominicanos a los que agentes federales arrestaron luego de que acudieran a recibir servicios a estas oficinas.
“Hubo un arresto, que la esposa de la persona me llamó, que el único sitio que él fue y dio sus datos fue en el CESCO de Carolina. Al único sitio que él fue a sacar la licencia de manejar después de la de aprendizaje fue en el CESCO. Otro más, me comentan, que fueron a buscarlo a la casa, y alegan, también, que el único trámite que hizo fue sacar su licencia”, relató Rodríguez a este rotativo.
Añadió que de estas personas, dos estaban por ser deportadas y la tercera regresó por su cuenta a Dominicana por asuntos de salud.
Anticipó que no descartan incoar un pleito legal o causa de acción civil por violación de derechos civiles de confirmarse cualquier traspaso de información de las autoridades locales a las federales.
De paso, cuestionó el silencio de la gobernadora sobre este tema, y de otros funcionarios como el presidente dominicano, Luis Abinader.
“La gobernadora ha hecho mutis después de que buscó el voto de los dominicanos. El gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, no ha dicho nada tampoco; ni siquiera a Marco Rubio le comentó nada sobre esto (durante su visita a Dominicana)…”, alegó.
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