SANTO DOMINGO.– Ante el creciente peso de la minería en la economía dominicana y el aumento del precio internacional del oro, que oscila entre 2,933 y 3,000 dólares por onza, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPERD) pidió un diálogo efectivo con las autoridades para garantizar la sostenibilidad del sector.
El director ejecutivo de CAMIPERD, Martín Valerio, reveló que en 2024 el país exportó cerca de 700,000 onzas de oro, lo que subraya la importancia estratégica de esta industria. En este contexto, la construcción de una nueva presa de cola para la operación de Barrick Gold se perfila como una prioridad, ya que permitiría extender la vida útil de las extracciones entre 20 y 25 años, con impacto positivo en la estabilidad económica y social del país.
Estancamiento en permisos y exploraciones
Durante su participación en el programa Telematutino 11, conducido por el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, Valerio lamentó la falta de definiciones claras sobre proyectos clave para el sector minero.
Señaló la demora en la autorización de estudios de impacto ambiental para nuevas exploraciones en provincias con alto potencial, como San Juan y Dajabón. Actualmente, la minería representa el 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un peso significativo en la economía.
Valerio enfatizó que la minería moderna difiere de las prácticas extractivas de décadas pasadas. Gracias a los avances tecnológicos, hoy se implementan procesos sostenibles que minimizan el impacto ambiental. Las empresas del sector operan bajo estrictos estándares de regulación nacional e internacional, particularmente aquellas que cotizan en bolsas de valores.
Respecto a las preocupaciones ambientales sobre las Cuevas del Pomier, CAMIPERD aboga por un diálogo basado en análisis técnicos y científicos. Valerio destacó innovaciones como el uso de micro voladuras, una tecnología que reduce el impacto ambiental y mejora la eficiencia operativa.
Impacto económico
El director ejecutivo de CAMIPERD resaltó que la minería representa el 43% de las exportaciones nacionales y cerca del 50% de los ingresos en dólares del país, posicionándose como un pilar fundamental para la estabilidad financiera sin necesidad de reformas fiscales adicionales.
Sobre la situación de Falconbridge, Valerio informó que la empresa ha cumplido con sus compromisos financieros y ha garantizado el pago a sus empleados, con planes para reanudar la extracción de ferroníquel en el último trimestre de 2025.
En cuanto a las denominadas Tierras Raras, Valerio recordó que el Decreto 430-18 declaró la localidad de Ávila, en Pedernales, como reserva fiscal mineral. Actualmente, el siguiente paso es evaluar la viabilidad ambiental para su posible explotación, lo que podría posicionar a la República Dominicana de manera estratégica a nivel internacional.
Sobre la existencia de petróleo en el país, Valerio se refirió al informe de junio de 2024 de la Refinería Dominicana de Petróleo, que confirma la presencia de hidrocarburos en territorio nacional. Sin embargo, el reto ahora es cuantificar su calidad y volumen para determinar su viabilidad comercial.
Necesidad de una reforma a la Ley de Minería
Valerio subrayó la urgencia de modernizar la Ley General de Minería, vigente desde 1971. Indicó que la normativa actual es obsoleta, ya que en su momento no contemplaba regulaciones ambientales. CAMIPERD ha participado activamente en el proceso de reforma y presentó en junio de 2024 un documento con observaciones y recomendaciones para actualizar el marco legal y fomentar la inversión responsable.
En el subsector de agregados para la construcción, CAMIPERD aclara que las empresas que practican la depredación de ríos no forman parte de la institución. Valerio alertó sobre la existencia de «granceras» que operan como carteles, afectando la competencia leal frente a compañías que promueven una minería alineada con los principios de sostenibilidad.
La Cámara Minera y Petrolera reafirmó su compromiso con un sector minero tecnológicamente avanzado, ambientalmente responsable y regulado de manera transparente, garantizando así un desarrollo económico sostenible para la República Dominicana.
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