SANTO DOMINGO, 10 oct .- Importantes agrupaciones empresariales y otras entidades han objetado o hecho advertencias sobre el proyecto de Ley de Modernización Fiscal que el gobierno del presidente Luis Abinader envió este martes al Congreso Nacional con el fin, según ha dicho, de aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a infraestructuras, salud, seguridad ciudadana y protección social, entre otros ámbitos.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), teniendo como vocero a su vicepresidente César Dargán, expresó en nota de prensa que aunque una reforma de este tipo no debería generar preocupación ni perjudicar el clima actual, es fundamental que se consideren en su justa dimensión los efectos que cada una de las medidas planteadas por el Gobierno podrían tener en la economía.
Admitió la necesidad del país de alcanzar mayor eficiencia en la recaudación y transparencia en el gasto público e indicó que a partir de «esta realidad», hay que implementar medidas administrativas que mejoren la eficiencia recaudatoria».
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) manifestó este miércoles que el Proyecto de Modernización Fiscal no responde a los principios de integralidad, equidad y consenso con todos los sectores, que fueron planteados como base de la reforma.
Instó a los legisladores a escuchar las posturas de la sociedad y a tomar en consideración los argumentos técnicos y económicos planteados por distintos sectores.
Alegö que si bien Anje opina que esta iniciativa refleja «una intención loable» del Ejecutivo de generar un sistema tributario que le permita hacer inversiones sociales, la población no cuenta con los análisis de factibilidad económica realizados para las propuestas de derogación de leyes y modificación del Código Tributario.
A su juicio, la idea esbozada «no parece reflejar que se podrán lograr los objetivos que se persiguen».
La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) objetó el aumento de impuestos propuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo y advirtió acerca del impacto «devastador e inequitativo» que tendría esa decisión sobre el ron nacional, una de las bebidas con mayor carga tributaria, dijo, en comparación con otras en América Latina.
Refirió que el ron enfrentaría un 52 por ciento de impuestos y el segmento de bajo precio hasta un 65 por ciento, 13 puntos por encima de otras bebidas, tanto importadas como locales.
Para aumentar la recaudación impositiva de este sector, el gobierno del presidente Luis Abinader plantea un gravamen específico por grado de alcohol, lo que influiría en los precios de las que tengan mayor contenido alcohólico.
La Cervecería Nacional Dominicana (CND) dijo estar preocupada por las consecuencias que este proyecto podría tener en el sector cervecero, el cual -a su juicio, contribuye significativamente al PIB del país y genera miles de empleos.
«Claramente para nosotros es una afectación y estamos preocupados por lo que pueda llegar a significar, pero en este momento estamos analizando todas las implicaciones para poder dar una respuesta más concreta sobre qué significa», dijo Fabián Suárez, presidente de la empresa.
Resaltó que el sector cervecero genera el 2.7 % del PIB de la República Dominicana, aportando 41,335 millones pesos en impuestos anualmente y que la CND, es el quinto contribuyente fiscal del Estado dominicano.
El presidente de Fedotex Eduardo Grullón dijo en una nota que, aunque la reforma fiscal es necesaria para el fortalecimiento económico del país, es imprescindible reconsiderar las cargas que impactan de manera «desproporcionada» a la industria textil, un «sector crucial» para la economía nacional.
La Ley 56-07, que declara de prioridad nacional los sectores de la cadena textil, confección y accesorios, así como la fabricación de calzados y manufactura de cuero, ha sido esencial para el crecimiento y sostenibilidad de estas industrias, aseguró el gremio.
«Esta legislación ha proporcionado un marco regulatorio que ha permitido la competitividad y desarrollo de las medianas, pequeñas y microempresas del sector», dijo la Fedotex.
La federación formuló un «llamado urgente» al Gobierno para reconsiderar las medidas planteadas y dialogar con los actores del sector, buscando soluciones que no comprometan el empleo ni el desarrollo del sector textil. Es crucial preservar las condiciones que han permitido la sostenibilidad de esta industria.
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) consideró que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno tendría un efecto negativo para la economía, especialmente para ese sector.
David Llibre, presidente de la entidad, explicó que para poder atraer inversión extranjera a República Dominicana y crear nuevos hoteles es necesario tener un régimen fiscal como el actual.
“Nosotros estamos de acuerdo con modificar y mejorar la Ley del Fomento al Desarrollo Turístico (CONFOTUR) pero de una forma que se pueda garantizar inversiones para nuevos proyectos y renovaciones y ayudar al Estado a recaudar más y mejor” señaló.
“Lamentablemente la propuesta como está planteada provocará que las cadenas hoteleras se alejen de República Dominicana por falta de competitividad frente a los países de la región, y que por eso nuestro turismo caiga”, agregó el empresario.
La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON) manifestó que la propuesta de Reforma Fiscal sometida por el gobierno debe contener incentivos que coadyuven al desarrollo del sector MiPymes.
El presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, dijo que aunque el Gobierno ha dicho que intención con la reforma es atender las demandas de servicios básicos de la población y evitar que la deuda siga creciendo, si las medianas y pequeñas empresas no se formalizan, el Estado dejaría de percibir más impuestos y la garantía de una mano de obra más calificada.
A su juicio, lo ideal será que la reforma fiscal sea integral y aborde todos los temas del sistema tributario y enfrente la problemática de la evasión y reducción fiscal, ya que, actualmente la evasión del impuesto sobre la renta y del ITBIS superan el 40% y otros agentes eluden el pago de impuestos.
«Y además de ser integral, debe ser progresiva, donde el que más gane sea el que más pague, o sea en proporción y que la carga fiscal no dependa tanto de los impuestos indirectos, ya que, estos por su naturaleza son regresivos o contraproducentes».
Propuso que la reforma se haga mediante un Pacto Fiscal, en el que estén inmersos todos los sectores sociales y productivos de la nación, tal como lo establece la Ley No.1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), tomando en consideración la vulnerabilidad y desarrollo de las MiPymes, un sector que incide en el desarrollo y la estabilidad de las economías locales y forman parte de la mayoría del tejido económico y empresarial en el país.
“Proponemos un “Mono Tributo” para las MiPymes, en el cual se consoliden todas las cargas tributarias y de la Seguridad Social, como una forma de disminuir costos y simplificar los procesos, lo que va a incentivar la formalización empresarial con todos los beneficios que esto conlleva, lo que a la larga va a contribuir en aumentar los ingresos tributarios”, dijo Cristopher.
Opinó que que esta reforma sea más efectiva deber ser complementada con otras reformas, por ejemplo: reforma a la Ley Gastos Públicos, la Ley No. 87-01 Sobre la Seguridad Social, el Código Laboral, así como todas las que están cargadas a la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos, la Ley General de Compras y Contrataciones, entre otras muchas Leyes obsoletas.
La Unión de Escritores Dominicanos (UED) llamó la atención de los legisladores en torno al Proyecto de Ley de Modernización Fiscal sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y afirmó que de ser aprobado tal como fue presentado tendría un efecto perjudicial en el sector cultural del país.
El gremio de escritores sostuvo que la propuesta de derogar s artículos claves de la Ley de Mecenazgo eliminaría toda posibilidad de que el sector privado aporte recursos para que se ejecuten proyectos e iniciativas culturales.
«En la propuesta el Gobierno propone la derogación de varias disposiciones de la Ley núm. 340-19, mediante la cual se establece el Régimen de Incentivo y Fomento del Mecenazgo en la República Dominicana. Las derogaciones serían las siguientes: a) El numeral 5 del artículo 6; y b) Los artículos 33, 34, 47 y 50. También dispone la derogación del artículo 22, que reza en la actualidad: ‘Todo proyecto artístico o cultural que a criterio del Consejo de Mecenazgo (CONME) responda a las necesidades del desarrollo cultural dominicano, tanto nacional, regional o local, en las áreas y categorías establecidas en el artículo 17, será declarado de interés cultural, y accederán a las donaciones, patrocinios e incentivos fiscales establecidos en esta ley’».
Igualmente, la UED pidió que se ponderen las modificaciones que se aplicarían a la Ley de Cine, en vista de que se trata de una industria que todavía es incipiente, y que aún necesita más tiempo y apoyo para desarrollarse como un renglón importante de la economía naranja en la República Dominicana.
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