SANTO DOMINGO.- El supuesto entramado de corrupción administrativa denominado Super Tucano, desde que inició hace más de 6 años en los tribunales, hasta la fecha se han aplazado un total de 45 audiencias.
De esos aplazamientos, según el Ministerio Público (MP) las mayorías han sido pospuestos a solicitud de la defensa, como una estrategia para lograr llegar al plazo de vencimiento y alegar la extinción del juicio.
En sus argumentos para que el juicio no continúe, los imputados alegan que el proceso en su contra en los tribunales está pasado de tiempo, como lo establece la Ley 10-15 que modifica la 76-02 del Código Procesal Penal.
El artículo 148 de la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal, aclara que la duración máxima de todo proceso es de cuatro años, cuyo plazo solo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos.
El órgano persecutor detalla que el 90 por ciento de las dilaciones en el proceso fueron provocadas por la defensa, citando entre ellas, 10 al imputado Carlos Piccini y cuatro de Antonio Peña, quienes no se presentaron ante el Tribunal en algunos de esos aplazamientos.
Otras suspensiones fueron en el año 2019 y 2020, a la razón de que varios abogados, en tiempo distintos y también algunos jueces de los tribunales, se contagiaron con el Coronavirus.
De acuerdo a lo expresado por el MP, solo una audiencia fue solicitada en prórroga a petición de ese órgano del sistema judicial.
Por el caso son procesados el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor.
Los encartados enfrentan un nuevo juicio luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera la solicitud del Ministerio Público y anulara en todas sus partes la sentencia emitida el 30 de septiembre del año 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado, mediante la cual fueron descargados.
El Ministerio Público señala en esta acusación que los imputados recibieron US$3.5 millones en sobornos por parte de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) para ser seleccionada como suplidora de ocho aviones de combate, denominado Super Tucano, en el año 2007.
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