Santo Domingo, 11 jul.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió este lunes enviar a juicio a los acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G, informó la Procurduría General de la República.
El tribunal acogió más 3,200 pruebas aportadas por los fiscales contra el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) Adán Cáceres Silvestre y contra el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, junto a los demás integrantes de la red de corrupción.
“El tribunal rechazó todos los incidentes de las defensas y envió a juicio a todos los acusados presentados por el Ministerio Público. Acogió en su totalidad la calificación jurídica que el Ministerio Público presentó ante estos hechos, y además acogió aproximadamente el 99,99 % de las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho.
Según señaló en declaraciones a la prensa, «hasta este momento el cien por cien de los acusados por este Ministerio Público ha sido enviado a juicio en cada caso que hemos acudido a una audiencia preliminar”, aunque hubo tres empresas que no fueron representadas y el tribunal fijará una nueva fecha para conocer la audiencia preliminar.
En una audiencia que se extendió por unas seis horas, se analizaron las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público para dictar el fallo que alcanzó a las 29 personas físicas imputadas en el proceso.
También se dictó auto de apertura a juicio contra 15 de las personas jurídicas implicadas en esta acusación y dejó pendiente la audiencia preliminar para S.O.S Carretera S.R.L., S.S.A Corporation S.R.L, Meijo Comercial, E.I.R.L y Optumus E.I.R.L.
La lectura íntegra del fallo fue fijada para el 21 de agosto, a las 10:00 am.
En el proceso, los acusados recibieron distintas medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva por 18 meses, luego de que el Ministerio Público demostrara su vinculación con los hechos de corrupción, logrando además que el caso fuera declarado de tramitación compleja.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas que son acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Los involucrados en el entramado de corrupción operaron en perjuicio del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los cargos por los que son procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos entre otros hechos delictivos.EFE
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