México es el mayor usuario de Pegasus. Así tituló el diario New York Times el pasado martes 18 de abril, revelando cómo siguen siendo vigilados electrónicamente periodistas y activistas mediante el programa israelí adquirido por la Secretaría de Defensa mexicana.
Entre los blancos de estos ciberataques se encuentran integrantes de un centro de defensa de los derechos humanos. En 2022, sus móviles volvieron a ser atacados.
Un mensaje en el teléfono bastó para que Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, dos activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se dieran cuenta que los estaban espiando. Aguilar cuenta que no es la primera vez que son blanco del programa israelí Pegasus.
“Había sido objeto de ataques digitales en 2017 y habíamos presentado una denuncia.
El uso de Pegasus se denunció además por otros activistas y periodistas. El año pasado, gracias a un mensaje enviado por propia empresa Apple, tuvimos conocimiento de que nuestros teléfonos podrían haber sido objetos de un ataque por agentes patrocinados por el Estado”, recuerda.
Encontraron apoyo en Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, una plataforma que ha publicado informes sobre los riesgos del uso de la tecnología Pegasus. “Y ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años para identificarlo justamente. Citizen Lab es quien puede corroborar que el Centro ProDDHH en estos dos teléfonos había sido atacado con el uso de este malware en cinco ocasiones durante el año 2022”, detalla Aguilar.
En 2021, Israel dijo prohibir la venta de Pegasus a países con posibles violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no incluía a México, a quien ya había vendido la tecnología a partir de 2011, en especial a su ejército. María Luisa Aguilar sospecha que las autoridades vigilaron su trabajo como activistas.
“Acompañamos a personas que buscan justicia, que han visto sus derechos vulnerados. También trabajamos sobre lo que implica la profundización de la militarización en tareas de seguridad pública y en la vida pública de México. Este ataque muestra que las fuerzas armadas tienen un empoderamiento desmedido y sin control”, dice.
Recuerda que los ciberataques ocurrieron en junio y julio de 2022, “cuando estábamos trabajando muy abiertamente alrededor de los asesinatos de dos colegas jesuitas que hacían un trabajo invaluable en la en la sierra Tarahumara, en Chihuahua” y luego en septiembre de ese año “en el contexto del aniversario de los hechos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014”.
Andrés Manuel López Obrador prometió en 2018 acabar con el espionaje gubernamental. Los miembros del Centro ProDDHH planean presentar otra denuncia, tal como lo hicieron en 2017.
“Pero tenemos muy claro que la entonces procuraduría general de la República y ahora la fiscalía no ha hecho una investigación adecuada y profunda del de estos hechos porque no tiene voluntad política y porque no tiene capacidades para investigar este tipo de delitos complejos”, lamenta.
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