La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el ministerio público, con una insinuación que pretenden reducirlo a un instrumento de “vindicta política”.
La magistrada sostuvo que los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida en “que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido”.
Estas declaraciones surgen a raíz del discurso del expresidente Danilo Medina, en la reunión del Comité Central del PLD el pasado domingo, cuando calificó de “persecución política” los casos que lleva a cabo el ministerio público desde que culminó su gestión, alegando que son politizadas las acciones del ente que se autoproclama independiente.
Germán Brito reconoció el esfuerzo y trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa ( Pepca), gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra a más de una veintena de personas en un fraude contra el Estado que alcanzaría los 19 mil millones de pesos, al referirse al caso Calamar.
Confió en que el Poder Judicial sabrá cumplir en este caso con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos para garantizar los fines propios de la medida de coerción.
También dijo que las autoridades encargadas de garantizar el orden público deben actuar con mesura, garantizando un uso racional de los medios coercitivos de que disponen, “sin excesos ni abusos”, pues no se puede poner en riesgo la democracia.
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