Diez años después de la entrega del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al Ministerio de Educación, el tema de los libros de texto para los estudiantes del sistema educativo público no ha sido resuelto y por las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Educación (CNE), para que la institución elabore sus propios textos, se evidencia que el problema está lejos de solucionarse.
Por esta decisión del CNE la empresa editorial Casa Duarte, representada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Boris De León Reyes e Ismael Tavárez Beras, presentó una demanda contra el Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que busca anular la Ordenanza 03-2022, que “establece la Preparación de Contenidos, Estrategias, Materiales y Recursos para el Aprendizaje”, alegando que viola preceptos constitucionales y varias disposiciones legales.
El recurso considera que la citada resolución no solo viola el debido proceso administrativo, consagrado en los artículos 69.10 y 139 de la Constitución y los artículos 4.8, 4.26, 6.9, 30 y 31 de la Ley núm. 107-13, sino que vulnera la ley General de Educación, la ley del Libro y Bibliotecas, y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la ley 107-13.
Libros desactualizados
Los estudiantes del sector público trabajaron con libros desactualizados desde el año 2004, cuando fue recontratada la impresión de textos viejos y lo mismo ocurrió en los siguientes años, hasta 2013 cuando el Ministerio de Educación completó la revisión y actualización del currículo que estaba vigente y que utilizaba desde 1995.
No es hasta 2017 cuando aprueba la Ordenanza 26-2017, la cual viene a regular la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje, conteniendo las modificaciones que debían orientar la elaboración de los libros de texto.
En abril de 2018 se hace la primera convocatoria para la presentación de los libros de texto de parte de las empresas editoras, que a partir de ahí han vivido un calvario con el proceso que en su etapa final amenaza con sacarlas del mercado.
Editoras establecidas por décadas y que han ganado prestigio y respeto con los libros presentados y aprobados, que se utilizan tanto para la educación pública como la privada, podrían ir a la quiebra con la decisión que manda al Minerd a elaborar sus propios libros.
Editoras Santillana, SM, Mac Graw Hill, Alfa y Omega, Casa Duarte, Actualidad Escolar, Susaeta, Disesa, que han suplido los libros de texto se han visto perjudicadas por el último proceso realizado por Educación en el que fueron denunciadas otras editoras por supuestamente actuar en colusión, lo que prohíbe la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas, la 340 06.
Las empresas fueron denunciadas luego de que en junio del pasado año el Minerd adjudicó a 10 empresas por más de 1,800 millones de pesos en compra de libros digitales, cuya licitación se hizo mediante el “proceso de excepción por exclusividad MINERD-CCC-PEEX-2022-0003 para la adquisición de libros de textos, formato digital, para el nivel secundario, año escolar 2022-2023”.
Editoras investigadas
Una investigación de “debida diligencia” realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas arrojó que existe una vinculación entre las empresas Editorial CP, S.R.L., Ediciones Salomé, S.R.L., CA-Mart Soluciones, Cocolo Editorial, Ediciones Unidas del Caribe, SM. S.A., y la empresa School Team, S.R.L.
En medio del escándalo, el 3 agosto de 2022 fue destituido Roberto Fulcar y en su lugar designado Ángel Hernández en el Ministerio de Educación quien inició una investigación del cuestionado proceso de licitación de los libros de secundaria que todavía no termina y que perjudica no solo a las editoras denunciadas, si no también a las que no han sido señaladas por actuar de manera indebida.
Un proceso, dos gobiernos
Ese año, el Ministerio de Educación llamó a una licitación pública nacional y la declaró especial para poder modificar los tiempos concedidos por la propia ordenanza, y de este modo acelerar la compra de los libros.
La presentación de maquetas se hizo el 25 de mayo del mismo año 2018 y estas se tramitaron a la Dirección General de Currículo. El 28 de julio se emitieron los primeros resultados evaluativos de las 373 maquetas sometidas a evaluación, de todas las áreas.
El 12 de agosto de ese mismo año las 373 maquetas se recibieron para reevaluación, proceso que duró 10 días, entrando luego en un letargo que perduró hasta mayo del 2020, cuando lo que procedía era continuar con la aprobación de los libros de parte del Consejo Nacional de Educación.
En el 2020, el Minerd establece un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para evaluar nuevamente los libros de texto. Treinta y cinco días después, la OEI hace entrega de los informes al Viceministerio de Gestión Financiera del Minerd.
Las dos evaluaciones arrojaron resultados distintos, pero tampoco se dieron los pasos de lugar con esos informes recibidos, y así llegó la transición de gobierno en agosto del 2020, con dos evaluaciones a los libros presentados por las casas editoras y ninguna aplicada.
Más adelante se pudo establecer que los informes de las evaluaciones no se correspondían con los códigos que estaban en custodia de parte del Ministerio de Educación, lo que obligó a la actual administración a procurar con las dependencias correspondientes una salida a esa situación, lo que devino en una convocatoria a todas las editoriales participantes, a fin de que pudieran identificar sus textos y así poder cotejar los informes de la OEI con los códigos de las maquetas, y finalmente entregar a sus respectivos dueños.
Este proceso, por su naturaleza, tardó un gran tiempo, ya que se requería de sumo cuidado para evitar el error de entregar un informe por otro, tratándose de 373 informes distintos para analizar, hacerlo con eficacia y transparencia, lo cual fue valorado como una estrategia exitosa para minimizar la agonía del momento y la ansiedad que esto conllevó tanto a los libreros como al propio Minerd y a la comunidad educativa.
Organizado todo y encontrada una salida a este laberinto, se procedió a realizar los procedimientos legales reglamentarios, que consistieron en reunir al Consejo Nacional de Educación el 18 de junio del 2021 para que se aprobara, tal como lo establece la Ley 66-97, la bibliografía de los textos a ser utilizados en la educación pública y privada. Fueron aprobados 211 libros de texto.
De inmediato, tras la decisión del Consejo Nacional de Educación, se instruyó a la Dirección de Compras y a los niveles educativos involucrados, que para entonces eran Inicial y Primaria, para que procedieran según los mecanismos legales instituidos en la ley de Compras y Contrataciones Públicas con la finalidad de adquirir los libros impresos.
La parte legal incluyó consulta a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, a fin de que orientara sobre la realización de un proceso de excepción por exclusividad debido al número de participantes.
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