Bahamas promete intensificar las repatriaciones a un Haití sumido en crisis. Su primer ministro declaró en un discurso nacional que “Bahamas es para los bahameños” y que el país tiene que defender sus 180,000 millas cuadradas de territorio.
“Tenemos un plan integral para interrumpir el flujo de emigrantes a nuestras islas y perseguir activamente la identificación y repatriación de quienes han entrado ilegalmente en nuestra nación”, declaró el fin de semana el primer ministro Philip Davis durante un discurso en el que presentó una nueva política de seguridad y migración para el país al mismo tiempo que exponía sus retos con la emigración irregular, especialmente desde la vecina Haití.
La declaración de Davis, a la que siguió un debate sobre inmigración en el Parlamento el lunes, ocurró 48 horas después que él y otros líderes de la Comunidad del Caribe pusieran fin a una reunión en Nassau en la que los líderes del bloque comercial regional de 15 miembros llamado CARICOM se reunieron en privado, así como con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y funcionarios de la administración presidente Joe Biden para discutir qué hacer con la crisis de Haití.
Henry y los miembros de la delegación estadounidense esperaban que la CARICOM y Canadá tomaran la iniciativa en el despliegue de una fuerza internacional en Haití, estado miembro del bloque. En lugar de ello, Canadá declaró que seguiría prestando apoyo a la asediada Policía Nacional de Haití y que desplegaría buques de guerra en aguas de Puerto Príncipe con fines disuasorios y de recopilación de información para la fuerza.
En octubre, Davis declaró públicamente que aportaría soldados y policías bahameños a una fuerza multinacional si se lo pedía la ONU; el mes pasado, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, con el apoyo del partido de la oposición de su país, declaró también ante el Parlamento de su nación que estaba dispuesta a hacer lo mismo.
Pero en lugar de enviar una fuerza a Haití o seguir adelante con una decisión previamente acordada de visitar el país para comprobar el impacto de la espiral de violencia de las pandillas, los líderes acordaron apoyar un plan centrado en reforzar la Policía Nacional de Haití, los preparativos electorales e invitar a políticos haitianos a Jamaica para abordar la agitación.
Aunque los jefes de gobierno caribeños presentaron su decisión sobre Haití como parte de sus “obligaciones morales y políticas” para ayudar a un estado miembro a abordar su crisis multifacética y compleja, Davis la caracterizó de medidas para hacer frente a los migrantes haitianos durante su discurso nacional. Lo llamó “los pilares del plan de CARICOM para abordar la crisis migratoria haitiana”.
Anunció el lanzamiento de la Operación Seguridad, una agresiva campaña en colaboración entre la Real Fuerza Policial de Bahamas, las Fuerzas de Defensa e Inmigración para perseguir a los migrantes indocumentados, a quienes los emplean y a las estructuras ilegales donde viven, también conocidas como chabolas.
Davis dijo que la carga de la migración haitiana es la razón por la que en junio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, declinó firmar una promesa que incluía el compromiso de hacerse cargo de los refugiados, a pesar que otros 21 países del hemisferio, entre ellos naciones caribeñas como Barbados y Jamaica, suscribieron al acuerdo.
“Nuestra pequeña nación no puede soportar una carga mayor. Nos mantenemos firmes en esta postura”, afirmó Davis. “Pese a las presiones, a principios de este año, cuando las Naciones Unidas pidieron a los países de nuestra región que detuvieran las deportaciones a Haití, una vez más, decidí continuar con las repatriaciones”.
En el centro de la Operación Seguridad hay una ofensiva contra los asentamientos y sus propietarios.
“A los inmigrantes documentados que vivan en comunidades no reguladas se les exigirá que se reubiquen a sus expensas o a las de sus empleadores o que se enfrenten a la repatriación”, dijo Davis sobre las comunidades ilegales, entre cuyos residentes hay algunos bahameños pero una abrumadora mayoría son haitianos.
El tono más duro sobre los asentamientos contrastó con el tono más suave del viernes. Cuando se le preguntó por la decisión judicial que despeja el camino para que el gobierno se ocupe de las estructuras no reguladas, Davis dijo a los periodistas que los barrios de viviendas irregulares son “un reto y un problema en este país”, y que actuar con rapidez para demolerlos podría crear un problema de desamparados en Bahamas.
“La gente vive en estos edificios y en los barrios de viviendas irregulares, por lo que derribarlos podría crear el otro problema de dejar a cientos o miles de personas sin hogar”, dijo. “No tiene sentido responder a una crisis para crear otra crisis”.
El domingo ya había cambiado de opinión, declarando en su discurso que “incluso naciones ricas como Estados Unidos, con todos los recursos a su disposición, luchan por poner fin por completo a la llegada de inmigrantes indocumentados a través de sus fronteras. Pero la dificultad de la tarea no nos disuadirá de hacer todo lo posible para interceptar las embarcaciones indocumentadas en nuestras aguas”.
El año pasado, Bahamas repatrió un récord de 4,748 personas. Este año ya han devuelto a 1,024 individuos, según declaró el lunes al Parlamento el director de Inmigración, Keith Bell.
“Si las tendencias actuales de migración irregular continúan… experimentaremos otro año récord”, dijo Bell, añadiendo que “los esfuerzos para proteger nuestras fronteras y deportar a los que entran ilegalmente en el país no ha cesado en 2023”.
Durante el debate en el Parlamento, Bell respaldó la postura de Davis, pero también trató de mostrar que la represión no se dirigía únicamente a los haitianos. Bahamas, dijo, tiene actualmente 180 cubanos y 97 haitianos en sus principales centros de detención de inmigrantes, junto con otras 33 personas de diversas nacionalidades.
“Hemos repatriado a Cuba, Haití, Guyana, Dominica, América, Jamaica, Nicaragua, Ecuador y Brasil”, dijo Bell.
Aún así, los haitianos representan el principal número de emigrantes, y la principal causa de la angustia del gobierno. Su estricto tono se pareció de las vecinas Islas Turcos y Caicos, cuyo ministro de Inmigración, Arlington Musgrove, anunció una semana antes una ofensiva similar contra los inmigrantes haitianos indocumentados en su territorio.
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