Los proyectos de ley de Contrataciones Públicas y de Trata de Personas son posiblemente dos de las mayores demandas de la sociedad dominicana al Congreso Nacional.
Ambas iniciativas legislativas se encuentran bajo estudio de comisión desde hace meses.El proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas fue depositado en febrero de este año y es estudiado desde el pasado mes de marzo por la Comisión de Hacienda, que preside el senador de Peravia, Milcíades Franjul.
La normativa que tiene más de medio año discutiéndose en el Senado tiene el propósito de establecer un régimen jurídico general de la contratación pública. Esta pieza contempla la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que aplican a este proceso.
Según el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), entre los aspectos que propone el proyecto de ley se encuentra incrementar el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas al sector de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
En cuanto a la producción nacional, el anteproyecto propone establecer procedimientos de excepción dirigidos a este sector, “en casos particulares relacionados al alivio de la pobreza, la alimentación escolar y otros escenarios permitidos por los tratados internacionales de libre comercio”, entre muchos otros puntos.
De aprobarse el proyecto en ambas cámaras legislativas, el marco jurídico que regula la adquisición de bienes, obras y servicios que realiza el Estado se vería más fortalecido.
Trata de personas
República Dominicana cuenta con una legislación sobre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes desde hace casi 20 años. Desafortunadamente, gracias a la ubicación del territorio en una región calificada a nivel internacional como origen, tránsito y destino de la trata, este fenómeno es muy común en el país.
Este delito se sitúa entre los negocios ilegales más lucrativos del mundo y se abre camino con más fuerza en las naciones que no cuentan con normativas duras como es el caso de esta media isla.
Por tal motivo, el gobierno dominicano ha expresado en varias oportunidades su intención de presentar una modificación a la 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La actual gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), presentó en el mes de abril un borrador del proyecto de reforma de la ordenanza que establece sanciones y prevención del flagelo internacional.
Condenas del delito aun se cometan por la red
El borrador contempla condenas para los referidos delitos aun cuando se cometan en modalidad o con herramientas virtuales.
El entonces viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Jatzel Román, informó a Listín Diario en ese momento que el borrador había sido remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. No obstante, para junio de este año aún no había llegado a esa instancia.
Luego explicó que el retraso se debió a que luego de una última ronda de revisión, surgieron ciertos comentarios sobre la forma de la redacción del boceto los cuales debieron ser corregidos antes de la remisión a la Consultoría.
Prevenir y proteger a los más vulnerables en este fenómeno: niños, niñas, adolescentes y mujeres, son los principales objetivos de quienes promueven la actualización de la pieza normativa.
Sepa más
Dato
El proyecto plantea la creación de la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas, establecer una tasa de un dólar por tarjeta de turismo y la disposición de fondos especiales destinados para la prevención y persecución del delito.
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