Los economistas Miguel Collado Di Franco, Luis H. Vargas, Rafael Espinal y Antonio Ciriaco Cruz expusieron de manera separada sus planteamientos sobre la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para que el sector empleador aumente de manera voluntaria los salarios de los trabajadores para enfrentar la alta inflación.
Para el presidente del Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), Rafael Espinal, la propuesta de indexar los salarios, dada la inflación acumulada, es correcta y debe ser objeto de un debate más amplio.
Considera Espinal que no solo hay que readecuar el salario mínimo, sino compensar los retrasos existentes en esa justa indexación. Sostuvo que durante años el crecimiento económico ha mostrado que la productividad crece mucho más rápido que los salarios reales en la economía dominicana, beneficiando en consecuencia los dueños del capital.
“Esa realidad ha hecho que la desigualdad en nuestra sociedad sea extraordinariamente profunda y que la informalidad del empleo haya crecido como alternativa a la rigidez del salario en el sector formal”, dijo Espinal al explicar que incluso durante años el propio gobernador del Banco Central y empresarios han sustentado en numerosos foros la necesidad de mejorar los salarios reales
Collado Di Franco
En la economía dominicana no se han producido reformas estructurales que incrementen la productividad de los trabajadores. Ha sido parte de la política económica de las últimas administraciones administrar el “status quo”.
En consecuencia, no hemos tenido factores que puedan aumentar la productividad de manera general en la economía, opina Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Aduce el economista que en esas circunstancias, las revisiones de salario deben producirse en aquellas industrias que estén en condiciones de poder asumir mayores costos y aumentar los salarios.
“Es muy importante tener en cuenta que mayores salarios sin aumentos de la productividad se traducen en costos que son traspasados, vía precios, a los consumidores. Como consecuencia, aumenta el nivel de precios en la economía”, puntualizó.
Decano de Economía
Entiende Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la UASD, que el incremento salarial debe ser parte de una política pública del Gobierno, más que un aumento voluntario. Dijo que el alza debe ser moderada, para que tenga menor impacto en las microempresas que son entre el 96% y 97% del empresariado.
Estima que una inflación está atada a factores externos y coyunturales geopolíticas y por el aumento deber ser obligatorio, no voluntario, “partiendo de una política pública concertada con los sectores trabajadores y productivos”.
Posteriormente, considera Ciriaco Cruz, se debe establecer una política de salario general en República Dominicana, que no existe, porque solo se aplica mediante acuerdos con el comité tripartito, “de manera que esto es lo que procede en esta coyuntura”.
Economista
La propuesta del Conep de que los empresarios suban voluntariamente las tarifas salariales, tras la escalada de la inflación anualizada a 9.4% de junio de 2021 a julio del corriente año 2022, ha reabierto el debate nacional sobre la justa remuneración laboral de trabajadores en los distintos ramos productivos y comerciales nacionales, tanto en las zonas urbanas como rurales, en opinión de Luis Humberto Vargas.
Consideró que esta sugerencia pretende continuar la vieja práctica patronal de subir nominalmente las pagas salariales, pero bajarlas de manera real mediante el proceso de registrar un índice de productividad mucho mayor que el índice de inflación. Y, sobre todo, con respecto al índice de los salarios, a partir de un año base de medición, una rebaja de la participación de la masa de los ingresos de la fuerza de trabajo en el PIB y en el valor agregado nacional (remuneraciones de los trabajadores más beneficios de los empresarios), tanto a precios corrientes como a precios constantes.
“Este nuevo intento de la cúpula empresarial, busca en gran medida una salida a la crisis económica y financiera por medio de la subida de la tasa de rentabilidad, sustentada básicamente en una resta de la capacidad de compra de la canasta de consumo familiar de bienes y servicios básicos y, por consiguiente, una elevación de los márgenes de ganancias de las diferentes capas empresarias agrarias, industriales y de servicios.
Así como una neutralización de la necesaria intervención estatal en la cotización mínima y media de las jornadas laborales y una negación de la imprescindible organización sindical en torno a la conquista de reivindicaciones de mejora del nivel y calidad de vida de trabajadores y sus parientes.
Hay que apuntar que el cálculo de los costos de las cestas de consumo de bienes y servicios básicos está mal hecho por la falta de información e inapropiadas ponderaciones y la improcedente comparación de tasas de inflación entre países que carecen de base común de medición y adolecen de pronunciadas diferencias de cantidad de ítems y calidad de muestreo, asegura.
Dice que resulta risible focalizar como causa de la inflación nacional a la inflación internacional, en particular las alzas de los combustibles fósiles y bienes e insumos alimentarios, a sabiendas de que toda declaración de precios de entrada es nacional y que innumerables empresarios tienden a incrementar precios de venta intermedios y finales en mayor proporción que los costes y precios importados.
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