El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó la medida de coerción contra los siete implicados en el caso Iguana para que la defensa de los acusados tenga más tiempo de conocer el expediente.
La medida será conocida el próximo miércoles 30 de marzo, a partir de las 10:00 de la mañana.
El Ministerio Público solicitó que se imponga prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal.
“Se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados”, manifestó.
Destacó que la que desarrolla el Ministerio Público es una investigación fuerte, que cuenta con elementos de pruebas que le permitirán acreditar los hechos que han estado presentando en la imputación formulada en la solicitud de medida de coerción.
“Entendemos que nosotros llevamos razón en relación a la solicitud de medidas de coerción que estamos solicitando en contra de los imputados de que se trata. Son hechos muy graves los cometidos por los imputados como parte de una estructura de criminalidad organizada y a la cual el Ministerio Público tiene la intención de poder desmantelar al igual que cualquier otra estructura que pueda estar operando en esta zona”, enfatizó.
Ulloa sostuvo que el órgano de la acusación busca contribuir a evitar que hechos como los señalados se sigan materializando de manera asidua y además romper con la tendencia de normalización del delito del tráfico ilícito de migrantes en esta jurisdicción.
Mientras ofrecía los detalles del caso, explicó que los encartados incurrieron en el acto de secuestro en perjuicio de cuatro nacionales cubanas, entre ellas, dos adultas y dos menores de edad, hechos en los que intervinieron no solo los imputados que forman parte de la Dirección General de Migración, sino también los demás integrantes de la estructura.
“Hay dos de las personas investigadas que materializaron un tráfico ilícito en principio en contra de esas nacionales cubanas; luego llegaron a poder de los miembros de la Dirección General de Migración, y ellos facilitaron su llegada a otra estructura, digamos los demás miembros de la estructura de criminalidad organizada, para entonces poder facilitar nuevamente el tráfico ilícito de migrantes de los mismos y poder obtener beneficio económico que le estaban requiriendo en todo momento a los nacionales cubanos”, expuso.
Respecto a las víctimas, dijo que se encuentran en República Dominicana y que están al alcance del Ministerio Público.
“Ellos, como víctimas, están al alcance de nosotros; se encuentran en el país. Son migrantes irregulares y la ley no establece sanciones en relación a ellos, sino sanciones administrativas; sin embargo, como nosotros tenemos esta investigación, necesitamos tenerlos al alcance del Ministerio Público”, dijo.
En ese sentido, explicó: “La única sanción administrativa que les puede sobrevenir es la deportación; sin embargo, está retenida para nosotros poder avanzar en la investigación”.
En la audiencia, la fiscal Belkis Ulloa representó al Ministerio Público junto a Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona; Aleika Almonte, también de la PETT, y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La PETT, bajo la dirección de la procuradora general de corte Yoanna Bejarán, puso en marcha el pasado 16 de marzo la Operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Las pesquisas llevaron al arresto de los involucrados y a la ocupación de evidencias que incluyen siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, Fab 92.
El Ministerio Público solicitó la imposición de medida de coerción en contra de los imputados, a través de la PETT, la Pepca y la Procuraduría Regional de Barahona.
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