Napoleón Estévez Lavandier, actuando como juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, ordenó al Ministerio Público que la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de integrar una presunta red de narcotráfico, conozca las imputaciones que pesan en su contra.
Tras estudiar una solicitud depositada por Pilarte López el pasado 16 de noviembre a través de sus abogados, el juez entendió que durante la investigación la legisladora tiene derecho de acceder a la carpeta fiscal del MP “con el fin de preservar su sagrado derecho de defensa”.
Además, el magistrado ponderó que “tendrá la oportunidad de presentar cualquier diligencia que entienda pertinente, que pueda procurar su descargo, extinción o atenuación de responsabilidad penal”.
También resaltó que en vista de un dictamen de reserva, la imputada tiene derecho de acceder a la carpeta fiscal cuando “lo entienda pertinente a su adecuada y efectiva defensa”.
No obstante, existe de la posibilidad de que se excluyan de la carpeta abierta “aquellas actuaciones en torno a las cuales se justifique razonable y proporcionalmente su reserva”, de acuerdo a lo que exige el artículo 291 del Código Procesal Penal.
El magistrado advirtió a las partes involucradas que en el caso de no guardar discreción acerca de las imputaciones será considerado una falta grave, que puede ser penada.
Esta decisión contrapone a la petición del fiscal Pedro Inocencio Amador Espinosa, representante del Ministerio Público, quien de manera insistente solicitó al tribunal el secreto “total” o “parcial” de las acusaciones en contra de la legisladora.
“Cuando se trata de personas con perfiles tan elevados, tan altos, no puede permitirse filtraciones de informaciones sensibles y que pudieran abarcar a otros muchos funcionarios políticamente expuestos, cuyas informaciones no pueden de modo alguno estar en dominio y en poder de los particulares”, resaltó Amador Espinosa.
No obstante el abogado de la defensa, Luis Leonardo Félix Ramos, intervino diciendo que “el Ministerio Público no tiene un poder absoluto para determinar la investigación de una persona”.
“Un ciudadano no puede ejercer un acto que no ha cuestionado, y que el proceso que el Ministerio Público dice debe ser discreto, es el propio Ministerio Público (…) que filtra todas las situaciones de este proceso, entonces qué estamos diciendo, a Dios rogando y con el mazo dando”, agregó el jurista.
En respuesta, el magistrado Lavandier manifestó que resulta evidente que la actuación fiscal “es improcedente e infundada legalmente”.
Acusación
La representante en la cámara baja por la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, fue identificada por el Ministerio Público como integrante de una presunta red que encabeza su esposo Miguel Arturo López Florencio, alias “Micky López”.
Según la instancia, la diputada "se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.
Resaltan que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120.
También, que percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa que sirve de “fachada” según los fiscales.
En el expediente también figuran sus hijos Ada María Pilarte, José Antonio Román y Miguel Arturo López Pilarte.
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