Un “oasis de corrupción” era lo que había en el Ministerio de Salud Pública durante la gestión del exministro Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez en el período 2012-2014, según el Ministerio Público.
Una conducta “típica, antijurídica y culpable”, caracterizaba al exfuncionario, de acuerdo con la investigación desplegada por los fiscales que comandan la Operación Antipulpo.
El vasto expediente de 3,500 páginas relata el presunto “modus operandi” de Hidalgo Núñez, quien dentro de sus funciones en la cartera de salud pública “beneficiaba” a la señalada cabeza de la red corrupta: Alexis Medina Sánchez.
Quien, según el expediente, utilizaba “de forma clara y sin la mínima reserva” la condición de hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez para “traficar influencias” y “desfalcar al Estado”.
¿Cómo actuó Hidalgo Núñez en este presunto desfalco?
Según los fiscales, el exfuncionario violaba disposiciones legales y reglamentarias para beneficiar a Alexis Medina a través de sus empresas General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L, supuestas suplidoras autorizadas del Estado.
Las maniobras consistían en distraer altas sumas de dinero en provecho de Alexis Medina y sobrevaluar medicamentos de alto costo.
“Uno de los modus operandi establecidos en el MISPAS por la gestión de Hidalgo Núñez consistió en el reconocimiento de una falsa calidad de distribuidor exclusivo, omitiéndose deliberadamente los registros oficiales que reposan en la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)”, se lee en el expediente.
El Ministerio Público señala que la DIGEMAPS, a través de una certificación emitida el 26 de mayo de este año, hizo constar que no existen representaciones de medicamentos o laboratorios farmacéuticos, ni registros sanitarios a nombre de las empresas de Alexis Medina.
No obstante, aún sabiendo esto, Salud Pública agotó múltiples procesos de “excepción por exclusividad” a favor de estas compañías.
“Lo que evidencia una clara maniobra para favorecer a las empresas del acusado Juan Alexis Medina Sánchez, en favor de quien el Ministro usó su función para favorecerlo en perjuicio del patrimonio público”, continúa.
Según los fiscales, las actuaciones de Hidalgo Núñez crearon un riesgo para la nación, al momento de violentar la Ley General de Salud y su Reglamento de Aplicación en cuanto a los requisitos y condiciones reglamentarias para la comercialización o distribución de medicamentos.
“El acusado Freddy Hidalgo privilegió estos negocios ilícitos ante su obligación de proteger la salud del pueblo dominicano como parte fundamental de sus funciones”, recalcan.
Empresas no reguladas ni acreditadas
En el expediente el Ministerio Público subraya en múltiples ocasiones las “carencias” visibles de las empresas General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L.
Sus averiguaciones arrojaron que estas carecían de medios para cumplir con los requerimientos de seguridad mínimas, entre estos la garantía de cadena de frío para mantener la calidad de los medicamentos.
“Ya que el MISPAS compraba a una empresa no regulada, era inexequible a la compañía General Medical Solution A.M., S.R.L., las obligaciones desprendidas de la declaración concerniente a la política de transporte”, se destaca. Estas empresas tampoco estaban “acreditadas, habilitadas o registradas” para proveer ningún tipo de medicamento. Esto porque según los sujetos interrogados “no habían cumplido con las condiciones y requerimientos reglamentarios”, entre ellos la garantía de legalidad y autorización de una especialidad farmacéutica.
Por tanto, al adquirir estos medicamentos de estos intermediarios desconocidos “el MISPAS no podía asegurar a la población el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad”.
La afirmación anterior se apoya en que las empresas General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L. no formaban parte de la Asociación de representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (Arapf), ni tenían los derechos originarios o derivados sobre los medicamentos, según la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi).
Ganancias por más de 25 millones
Un caso que el Ministerio Público resalta en sus acusaciones en el de la compra de Octanine F (Factor IX), un medicamento de alto costo cuyo fin principal es coagular la sangre.
El 26 de septiembre de 2014 Hidalgo Núñez autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones para iniciar un proceso administrativo para la compra por “excepción por exclusividad del medicamento”.
La compra iba a favorecer a la empresa General Medical Solution A.M., C. Por A., por ser la “representante exclusiva” de dicho producto en el país. No obstante, esta compañía no forma parte del “Listado de Suplidores 2012” ocupado durante los allanamientos al exministro.
“Esto significa que era de conocimiento del acusado Freddy Hidalgo cuáles empresas eran reales proveedores de medicamentos del MISPAS, siendo evidente que a las empresas del Grupo JAMS (General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L.), se les atribuyó la calidad de distribuidor exclusivo en la gestión 2012-2014 del MISPAS, a pesar de que no la tenían”, se lee en el expediente.
Por lo que según los fiscales hubo una “falsedad ideológica” en dicho proceso de compra. Sólo a esta empresa se le invitó a participar en el procedimiento, debiendo presentar cotización en un solo día por RD$43,000,000 el 25 de septiembre de 2014.
Al día siguiente Hidalgo Núñez puso en marcha el proceso administrativo para la compra. Así, el Estado compró un millón de unidades internacionales de Octanine F (Factor IX) a un suplidor anónimo.
El expediente explica que al tratarse de un “falto distribuidor oficial”, la empresa de Alexis Medina se vio obligada a acudir distribuidor exclusivo, la empresa Dres. Mallén Guerra, S.A, en fecha 15 de enero de 2015, a comprar la cantidad de dos mil unidades del medicamento por la suma de RD$18,000,000.
En efecto, el medicamento fue adquirido por el Estado con sobreprecios, logrando un margen de beneficios de un 138.89% para la empresa General Medical Solution A.M., S.R.L. con ganancias brutas 25 millones de pesos.
Cancelación bajo influencia
El Ministerio Público señala que Hidalgo Núñez no sólo realizó maniobras fraudulentas para la compra de medicamentos, sino que también hizo remociones de cargos en la institución por “laceración de intereses”.
Fue el caso de Maritza Altagracia Suriel Viloria, entonces directora del Departamento de Compras y Contrataciones, quien se negó a firmar una orden de compra debido a que la carta de exclusividad era falsa.
Según los fiscales, Suriel Viloria “fue víctima de la influencia y el enorme poder que tenía el acusado Juan Alexis Medina Sánchez en el MISPAS”.
Tras sostener un presunto altercado con Grettel Yahaira Camilo Yapul, quien se presentó como “esposa del hermano del presidente”, la licenciada Suriel Viloria fue separada de sus funciones en Salud Pública.
Cabe resaltar que en el expediente consta que la señora Lisbeth Ortega De Los Santos está casada con Alexis Medina desde el 26 de noviembre de 2017, bajo el régimen de separación de bienes.
Previo a su cancelación, Hidalgo Núñez la visitó a su residencia en horas de la noche y le comunicó que “desde el Palacio Nacional le habían pedido que la cambiaran de puesto por la situación que se había presentado con el acusado Juan Alexis Medina Sánchez”.
En su lugar, el exfuncionario nombró a Carlos Justo Trinidad al frente del departamento.
El grupo de 11
El grupo de 11, contra quienes el Ministerio Público imputa asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa contra el Estado y otros delitos propios del “crimen organizado”, está liderado por Alexis Medina Sánchez, quien guarda prisión preventiva en Najayo Hombres.
También fue apresado de manera preventiva Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, supuesto tesorero de las empresas del entramado y José Dolores Santana Carmona, imputado por fungir como testaferro de Alexis Medina.
Por otro lado, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y Carmen Magaly Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, permanecen en arresto domiciliario con grillete electrónico.
Mientras que por pedimento de los fiscales debido a su "colaboración" en el caso, los imputados Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher y Julián Esteban Suriel Suazo guardan prisión domiciliaria mientras continúa la investigación.
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