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Por segunda ocasión fue recusada la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, apoderada para el conocimiento de la medida de coerción en contra de los implicados en el caso Coral 5G, que incluye a tres generales activos.
Previo a la recusación, el abogado Julio Cury, quien defiende al general activo Juan Camilo de los Santos Viola, había pedido a la jueza que se inhibiera en el conocimiento de la medida de coerción, alegando que existe un sometimiento penal en su contra por prevaricación, pero esta lo rechazó.
Ante esa situación, la defensa del imputado, exjefe de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina, la recusó nuevamente, por lo que la jueza recesó la audiencia hasta tanto la Corte de Apelación se pronuncie.
El abogado Cury argumenta además que la magistrada Romero emitió las órdenes de arresto contra los imputados y también se auto designó para conocer la medida de coerción, lo que considera como improcedente.
De los Santos Viola está detenido desde finales de noviembre por su supuesta implicación en un entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado.
Hace unas tres semanas, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.
Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
La supuesta red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
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