El gobierno de Luis Abinader lanzó el mismo 16 de agosto de 2020 una iniciativa de persecución de la corrupción administrativa que ha llevado a la cárcel a un grupo de exfuncionarios, civiles y oficiales militares, del pasado gobierno, y todos tienen procesos abiertos en la justicia.
La lucha contra la corrupción no solo tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, sino que fue la bandera que soltó a la calle a millones de dominicanos entre enero de 2017 y gran parte del año siguiente.
Mientras se esperan las ponderaciones de jueces sobre la calidad de las pruebas que dice el ministerio público que tiene contra sus perseguidos, nuevos escándalos, ahora de funcionarios del gobierno de Abinader, se suceden con frecuencia y la respuesta del gobernante ha sido la cancelación de los señalados. El panorama puede resumirse diciendo que el gobierno está persiguiendo la corrupción, pero sobre la base de las brechas institucionales y los vacíos de control, se siguen dando manejos apartados de la ley que envuelven al patrimonio estatal.
Si la respuesta del gobierno actual es solo perseguir a los del pasado y botar de su cargo a los del presente, la lucha contra la corrupción está perdida porque no hay disuasivos reales ni eficacia en el control de los bienes públicos.
Persecución y prevención
El presidente Abinader y su equipo tienen la oportunidad de estimular la persecución de la corrupción que ha sido una desgracia para este país, pero además comenzar a dar pasos prácticos para blindar mejor el patrimonio del Estado y controlar su uso para que no sea devorado por particulares.
Conozco que el gobernante convocó a un diálogo para impulsar 12 reformas institucionales buscando mejorar los controles estatales, pero antes como ahora “un paso práctico vale más que cien programas”.
Vengo escribiendo sobre la necesidad de que se acabe ya con el desorden que viene socavando las bases institucionales y morales del pueblo dominicano, desde hace décadas, y la defensa del patrimonio estatal es una piedra angular de esa batalla.
Acabar con el desorden implica adoptar decisiones puntuales que marquen nuevos rumbos para la eficacia del Estado y acciones que beneficien a los ciudadanos.
El patrimonio estatal hoy está disperso y no eficazmente cuantificado, lo que le impide al propio Estado saber cuánto, qué y dónde están sus propiedades muebles e inmuebles, así como otros bienes que constituyen un voluminoso tesoro que no se puede aprovechar plenamente para beneficio público, aunque sí hay historias escandalosas de despilfarro y piñata.
El presidente Abinader sabe que eso es así y por ello tomó la iniciativa de crear la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado que resultan inoperables o son duplicidades, dando paso a fusiones para tener instituciones más sólidas y modernas que se adapten mejor a los nuevos conceptos de la Administración Pública.
El CEA, Corde y Bienes Nacionales
El caso más importante es la fusión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), propietario de millones de tareas de tierra de vocación agropecuaria, forestal e inmobiliaria; la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y la Dirección General de Bienes Nacionales para que sea una sola entidad.
Mirar sobre esas tres instituciones estatales, luego convertirlas en una sola, es observar un conglomerado de bienes públicos inmenso que debe ser bien resguardado, documentado, registrado, abierto a total transparencia en todas sus operaciones y aprovechado para que se multiplique y no se arruine, como ha sucedido hasta ahora.
Pero disolver el CEA y liquidar a Corde para que su patrimonio pase a Bienes Nacionales parece ser una medida incompleta porque ese volumen de propiedades y bienes en general debía estar directamente bajo el amparo operativo y legal de un ministerio, no de una dirección general.
Si el gobierno de Abinader decide convertir a bienes nacionales en un ministerio, con mayor razón que en el caso de Vivienda, puede ganar el Estado y el ciudadano.
Gana el Estado porque la institución que gerencia y gestiona el patrimonio nacional dispondría de autoridad, personal técnico, tecnología y capacidad operativa suficiente para defender los bienes de todo el pueblo dominicano y dar respuesta a tiempo a los trámites de ciudadanos o empresas que quieren y deben poner en orden posesiones adquiridas con las instituciones en disolución.
Ya hay frutos
Acabo de ver una larga entrevista que concedió el director de Bienes Nacionales, César Cedeño a El Caribe y en ella se observa como en 15 meses de su gestión, ha recuperado más de 100,000 tareas del CEA que estaban irregularmente en manos de particulares.
Si eso ha sido posible con todas las limitaciones de autoridad, recursos y personal calificado que aun tiene el CEA y Bienes Nacionales, ¿qué pasaría si esa labor la realizara el Ministerio de Propiedades Estatales?
Los bienes del Estado no solo hay que defenderlos de quienes viven al acecho para tratar de saquearlos, sino cuantificarlos metro a metro, varilla a varilla y vehículo a vehículo, entre otros, para que sean instrumentos de desarrollo, de fomento del empleo productivo y no parasitario, para negociaciones transparentes, para modelos de unidades productivas, agroindustriales o turísticas.
Un ejemplo que ilustra
Durante el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982), la Secretaría de Agricultura –que dirigía el expresidente Hipólito Mejía- captó miles de tareas del Estado en Las Tablas, Baní, y estableció allí un gran proyecto de crianza y fomento de caprinos que por años tuvo éxito.
Cuarenta años después, esa gran llanura de arbustos de bosque semi seco aun tiene las condiciones para ser recuperado, puesto a producir y convertirlo en un laboratorio dotado de tecnología para el mejoramiento de razas, para el fomento de la crianza asociativa en todo el sur del país y para cualificar la dieta y reducir el precio de la carne caprina.
¿Por qué está en el abandono? Porque aquí no existe un ministerio que gestione correctamente y saque provecho al patrimonio estatal, sino entidades sin poder ni recursos para que aquel tesoro se deteriore y luego vengan los oportunos a convertirlo primero en carroña y luego en relucientes negocios muy rentables. Hay que perseguir la corrupción pasada y presente, pero nos podemos pasar años persiguiendo a nuevos corruptos si no se clausuran las ventanillas siniestras por las que penetran los sabuesos, para llevarse lo que corresponde a todos… ¡Aunque los denuncien, persigan, allanen, arresten y sometan a la justicia!
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