Tras concluir este viernes con la presentación de la acusación del caso Los Tres Brazos, al que están vinculadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Ministerio Público pidió al tribunal que conoce el juicio preliminar que incorpore más de 500 pruebas aportadas al proceso y que dicte auto de apertura a juicio.
El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que en la audiencia de este viernes el Ministerio Público expuso sus conclusiones, por lo que solo restan los argumentos de cierre de las defensas, en la continuación del juicio preliminar que se desarrolla en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Con la presentación de nuestras conclusiones hemos dado un paso de avance en lo que es la culminación de esta fase del proceso, la cual estamos seguros de que continuará con un auto de apertura a juicio, donde serán juzgados y condenados los imputados”, destacó.
Precisó que el Ministerio Público pidió al tribunal la incorporación de 509 pruebas testimoniales y documentales que fueron aportadas al proceso y que dicte el auto de apertura a juicio de fondo.
Marmolejos dijo que la audiencia continuará el próximo viernes 26 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
En tanto que el fiscal Aurelio Valdez especificó que en la próxima audiencia le tocará el turno a las defensas para hacer los reparos que entiendan ante las pruebas y argumentos que ha establecido en esta fase el órgano de la persecución penal.
Junto a Marmolejos y Valdez, quienes hablaron a la prensa a la salida del tribunal, también representaron al Ministerio Público los fiscales Isis de la Cruz y Ernis Mella.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la audiencia preliminar, en cuyo proceso el Ministerio Público ha presentado pruebas testimoniales y documentales fehacientes y suficientes para enjuiciar a los encartados.
Además de Leoncio Almánzar, por este caso son procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público además acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Los representantes de la Pepca han destacado durante el proceso judicial que el entonces funcionario público Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.
Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
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