El pasado 29 de septiembre se cumplieron 30 años del primer golpe de Estado al presidente constitucional haitiano Jean Bertrand Aristide, hecho que generó la intervención de la fuerza internacional liderada por los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la misión de crear las condiciones políticas e institucionales para darle estabilidad a ese país con el que compartimos la isla Española.
Con la ruptura del orden constitucional en Haití en el año 1991 también se abrieron las compuertas a la inestabilidad política y la inseguridad.
Los esfuerzos fracasados trece años después y el posterior retiro (2004-2017) de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) crearon las condiciones para que en los momentos actuales haya un clima de ingobernabilidad, agravado porque el cuerpo policial formado para tales fines no está a la altura de las circunstancias.
En Haití el crimen organizado tiene el control territorial, que lo usa para sus fines de venta de armas, drogas, tráfico humano, asaltos, secuestros y todo tipo de actividades ilegales.
El secuestro de misioneros, 16 norteamericanos y un canadiense, grupo que realizaba labores humanitarias en Puerto Príncipe es solo el reflejo de un fenómeno que es el pan nuestro de cada día, que impacta a todos sin importar el origen social o económico de las personas o si está investido de autoridad.
El deterioro de la seguridad en Haití tiene tres puntos de inflexión post derrocamiento de la dictadura de la familia Duvalier, hecho ocurrido en el mes de febrero de 1986. Con el desplazamiento de los dos dictadores Jean Claude y Francois Duvalier comienza la pérdida del poder de uno de las tropas de choque más temidas, sostenida y dirigida políticamente desde el gobierno: los Tontons Macoutes.
El clima de descomposición política y de ingobernabilidad que viven los haitianos en este momento tiene su origen, insisto, en el primer golpe de Estado al presidente Jean Bertrand Aristide en 1991, figura que alcanzó niveles de simpatías sin precedentes en la historia democrática de ese país, a cuya reinstalación en la presidencia en brazos de los cascos azules, asistí el 15 de octubre de 1994 como reportero de El Nacional. Se recuerda que previo a la asunción de Aristide al poder por vez primera en 1990, Roger Lafontant, un conspicuo duvalierista, intentó durante la transición dar un golpe de Estado.
El retorno de la democracia haitiana en 1990 conformó un cuadro de confrontación entre el desplazado poder de los duvalieristas, militares comprometidos con aquel régimen y los grupos de Lavalas armados, que se esparcieron en todo el territorio para “defender” a su líder presidente, que era hostigado por los remanentes del viejo régimen.
Aquel golpe de Estado al primer gobierno democrático tras la dictadura propició una agitación política, pues los fervientes seguidores del exsacerdote se tiraron a las calles para reclamar su retorno al poder, pero prontamente sus partidarios fueron ahogados por la violencia generada por los golpistas.
Se recuerda que las estaciones de radio no salieron al aire, las vías públicas fueron cubiertas de neumáticos incendiados, el aeropuerto de Puerto Príncipe dejó de operar mientras los miles de activistas del movimiento Lavalas fueron perseguidos y obligados a tomar caminos rurales para ingresar a territorio dominicano con tal de salvar sus vidas.
La comunidad internacional dejó sentir su rechazo a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras la ONU en su 80 período de sesiones del 3 de octubre de 1991, en presencia del destituido mandatario, que pudo salir de su país a través de un salvoconducto habilitado por los representantes diplomáticos, le dieron un respaldo unánime. Se recuerdan las drásticas sanciones impuestas por los miembros de las Naciones Unidas, un bloqueo al que se adhirió a regañadientes el gobernante dominicano Joaquín Balaguer.
El deterioro de los derechos humanos en la vecina nación generó desconcierto en la comunidad internacional, que propició la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, para monitorear la situación prevaleciente. En fin, el período entre 1991 y principios de 2001 fue de incertidumbre política. En octubre de 2000 y diciembre de 2001 se registran otros dos intentos de golpe de Estado, patrocinados por el expolicía Guy Philippe. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, presionó a la comunidad internacional para el regreso de Aristide, con el apoyo de la ONU, que el 31 de julio de 1994 aprobó la resolución 940 del Consejo de Seguridad que autorizó una fuerza multinacional para restablecer en el poder al exsacerdote.
Para cuando Aristide fue retornado al poder por las gestiones de la administración Clinton y en compañía de un puñado de personalidades norteamericanas, encabezadas por el pastor Jesse Jackson, en la sociedad haitiana bullía la violencia por la cantidad de armas en manos de los dos bandos en confrontación. Su regreso por segunda vez a través de elecciones democráticas se produce a inicios de 2001 con grandes desafíos de demandas sociales y de seguridad.
Apoyado por el gobierno de George Busch, Aristide fue nuevamente derrocado en el 2004, secuestrado por militares, llevado a uno de sus recintos y obligado a renunciar, como se pretendió hacer con el malogrado mandatario haitiano Jovenel Moïse. El político apodado por su pueblo “Titid” fue sacado de su país y confinado en Sudáfrica hasta el 2017.
La falta de comprensión de la comunidad internacional sobre la idiosincrasia de los haitianos le ha arrastrado a un manejo absurdo de su política internacional frente a Haití, como ocurrió en otros países, como Somalia, zona de la que EEUU salió por la puerta trasera.
Los gobiernos sucesivos en Haití propiciaron el desorden, y con él la proliferación de las bandas armadas, que volvieron a tomar fuerza tras el terremoto de 2010. Lo mejor que puede hacer República Dominicana es auspiciar con otros países soluciones definitivas sin imposición.
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