El imputado Miguel José Moya, contratado durante la gestión de Jean Alain Rodríguez para dar cursos en la Procuraduría, admitió que no impartió tales talleres, por los que le pagaron cerca de 20 millones de pesos.
Moya fue citado en varias ocasiones a la Procuraduría General, donde acudía con su abogado, Cándido Simó.
En uno de los interrogatorios, en presencia de su abogado, manifestó que en el año 2017 fue contactado por Rafael Stefano Canó Sacco, entonces funcionario de la gestión de Jean Alain Rodríguez, con quien se terminó reuniendo un poco después.
“Una vez ganamos la licitacioón lo que encontramos es que el Procurador quería crear un show de marketing con el caso Odebrecht”, dijo en el interrogatorio Moya, quien también admitió que no había impartido ningun curso como consigna la Procuraduría General en los pagos que le realizó.
“No, no impartí docencia; diseñé una estrategia de estabilizar el clima laborar, que contenía varios componentes, inclueyndo el diseño de un proceso de capacitacion, no facilitar la capacitación sino diseñarla y el segundo componente trabajar en el aspecto reputacional en la recuperación de la reputación de la institución”, dijo.
Miguel José Moya es gerente de la empresa Desarrollo, Individuo y Organización / DIO S.R.L.
Esos contratos y pagos se produjeron entre los años 2018 y 2020, y llegaron a tener un valor total de RD$19,683,600.
Los contratos
El primer contrato fue firmado el 16 de febrero de 2018, con la Procuraduría General de la República (PGR), siendo representada por el implicado en la Operación Medusa, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y Moya dando la cara por la compañía Desarrollo, Individuo & Organización (DIO), SRL.
El acuerdo fue suscrito para que Moya, asesor del también acusado Jean Alain Rodríguez durante su gestión al frente del órgano persecutor, lleve a cabo una serie de talleres de capacitación al personal de la referida institución.
Este tenía un valor que rondaba los 3.7 millones de pesos, y fue pagado en tres cuotas de unos 1.2 millones de pesos, los días 27 de marzo, 4 de mayo y 22 de junio del 2018.
Lo anterior era el patrón utilizado por el grupo, según el Ministerio Público, y consistía en el requerimiento de una empresa que realizara diversos cursos y talleres, adjudicados siempre a DIO SRL, que ganaba por procesos de comparación de precios, se firmaba el contrato con la autorización de Rodríguez Imbert, exdirector financiero de la PGR, y del propio Jean Alain Rodríguez.
Esto se repitió con el contrato del 18 de junio de 2018, que sirvió como renovación del contrato pasado por la misma cantidad, que igualmente fue dividido en tres pagos distintos, aunque en esa ocasión fueron efectuados, el 18 de octubre del mencionado año.
Asimismo, un día antes de ese depósito Rodríguez Imbert elaboró un documento de reconocimiento de deuda, donde aseguraba que DIO SRL realizó talleres de integración entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2018, estipulando que la deuda por esos trabajos ascendía a RD$2,485,600.
Ya en febrero de 2019 fue rubricado otro contrato de servicio de capacitación especializada, con un precio igual a los dos que le precedieron y que fue pagado el 28 de marzo siguiente usando el modus operandi acostumbrado: cuotas de RD$1.2 millones.
A mediados de diciembre próximo desde la PGR se emitió un cheque de RD$1,242,800, bajo el concepto de “talleres de integración para fortalecer el clima laboral”, tomando como base el documento de reconocimiento de deuda elaborado por Rodríguez Imbert , compromiso que ya había sido cumplido.
Un par de meses después, a finales de febrero del año pasado, se firmó otro contrato entre la Procuraduría y la empresa representada por Moya, en esta ocasión de capacitación especializada, este de RD$4,770,000, y que fue pagado para el junio siguiente, a través de transferencias.
Inexistentes
Otro punto importante en la investigación es que los talleres que tenían que ser impartidos por DIO SRL eran inexistentes, hecho que fue encubierto por personal de la PGR, señalan los fiscales.
En el documento se detalla que en los informes de servicio de capacitación realizada por el departamento de Gestión Humana tiene una lista de empleados que aseguraron no asistir a estos talleres, y que el listado que indica los que sí confirmaron su presencia pertenecía a otra actividad institucional.
Similarmente está el caso del exdirector general de carrera del Ministerio Público, Víctor Lora Imbert, quien es señalado como la persona que realizó la petición de llevar a cabo los cursos, solicitud que terminó en el contrato de febrero del 2019, y el responsable de emitir constancias de servicios prestados sin ningún aval de asistencia de personal o de los días en que se sostuvieron esos encuentros.
Esta maniobra de igual forma se repitió para el último acuerdo reseñado en el documento de los fiscales.
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