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El pleno de la Cámara de Cuentas destituyó al director de Auditoría de ese órgano fiscalizador del gasto público, Henry Batista Santana, quien ha sido interrogado en la Procuraduría General de la República como parte de las pesquisas que sigue el ministerio público en contra los pasados miembros de ese organismo de control externo.
En la instancia que sólo posee un artículo cita “aprobar como al efecto aprueba la desvinculación del licenciado Henry Batista Santana, quien ocupa las funciones de director de Auditorías de la Cámara de Cuentas, en aplicación al artículo 94 de la Ley 41-08, de Función Pública”.
La decisión fue adoptada por los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas encabezados por su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez e integrada por los señores Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasita Tolentino de McKenzie, secretaria; y Mario Arturo Fernández Burgos, y Elsa Peña Peña, miembros.
La nueva Cámara de Cuentas fue escogida por el Senado de la República el pasado día 13 de abril y fue puesta en posesión por el presidente de ese organismo legislativo, Eduardo Estrella, tres días después.
Durante la juramentación al frente de la Cámara de Cuentas, su nuevo presidente, Ramírez Sánchez, declaró que el equipo que encabeza “celebraremos al finalizar estos cuatro años la devolución de la credibilidad”.
Interrogatorios
El pasado mes de enero el ministerio público realizó el primer interrogatorio contra Batista Santana, tras el anuncio de irregularidades encontradas en una auditoría realizada a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Los pasados miembros de ese órgano que fueron citados Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), son su expresidente Hugo Francisco Álvarez Pérez, los miembros Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, además del secretario Carlos Tejada Díaz.
El ministerio público, quien ha llamado esta investigación “Operación Caracol” acusa a varios miembros de la Cámara de Cuentas de incurrir en delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
Según declaraciones de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, el pasado pleno de la Cámara de Cuentas mintió muchas veces y que tres de sus cinco miembros están incluidos en la investigación.
El pasado 23 de febrero la sede de la Cámara de Cuentas fue objeto de un allanamiento por parte del ministerio público que se prolongó por más de 11 horas y al finalizar los fiscales actuantes cargaron con cajas de documentos que según declararon son pruebas del maquillaje de auditorías para encubrir la corrupción en el pasado gobierno.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, declaró que en la Cámara de Cuentas se alteraban auditorías para favorecer a instituciones, y a sus titulares, para encubrir actos que quebrantan la ley.
“Hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el ministerio público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones, que a nuestro juicio han cometido actos contarios a la ley”, dijo.
Acusó a la Cámara de Cuentas de entonces de ser “cómplice de la corrupción”.
“Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema, y no de la solución”, expresó Camacho a la prensa luego de finalizar el allanamiento, una medida extrema contra un órgano del Estado.
“Ha sido cómplice de la corrupción… ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana”, manifestó Camacho.
EXMIEMBROS
Su defensa
Tras realizarse el allanamiento a la Cámara de Cuentas, su entonces presidente, Hugo Alvarez Valencia, emplazó al ministerio público a presentar acusación contra los miembros del Pleno y probarlo ante un juez, porque mientras tanto son inocentes.
Ante las declaraciones de Camacho de que los miembros de la Cámara son encubridores de corrupción, Álvarez Valencia lo instó a acusarlo, porque “mientras tanto, está la presunción de inocencia. Yo no he visto las pruebas todavía”, declaró.
Copia interrogatorios
En marzo la Suprema Corte ordenó al ministerio público entregar copias de los interrogatorios practicados a los exmiembros de la CC.
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