A día de hoy, un número de 154 militares y policías figuran en estado de privación de libertad en los dos centros carcelarios especializados que han sido habilitados para la reclusión de ese personal, incluyendo unos que ya están condenados y otros en calidad de preventivos, sobre los que pesa acusación de incurrir en diversos delitos.
La mayor cantidad está recluida en el centro de Operaciones Especiales, de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, que sólo alberga a agentes de la Policía Nacional.
En ese recinto están privados de libertad 123 policías, 46 ya tienen una condena y 77 figuran en la clasificación de preventivos. Pertenece al sistema penitenciario tradicional, por lo que está bajo la administración de la Dirección General de Prisiones.
En el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR 21, perteneciente al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, hay 31 internos, de los cuales 25 están condenados y seis esperan el conocimiento de medidas de coerción.
Este centro, ubicado en Santo Domingo Norte, en el antiguo Polvorín, aloja a militares y policías. Actualmente guarda prisión allí un integrante de la Policía Nacional, mientras el resto corresponden a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.
En ambos centros especiales, todos los privados de libertad son hombres.
Penas en espacio seguro
La coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, explicó que el objetivo del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares en Conflicto con la Ley Penal es que integrantes de las fuerzas militares y la Policía Nacional que cometan actos delictivos o criminales cumplan sus condenas o esperen juicio en un espacio seguro.
“Se trata del CCR 21 y es un centro localizado en el antiguo Polvorín en Santo Domingo Norte, con capacidad para 32 personas, con alojamientos colectivos, con camas de concreto y la misma colchoneta que utilizan los privados de libertad de los demás centros”, precisó Lagombra.
Los militares en conflicto con la ley, agregó, tienen los mismos programas de tratamiento que los privados de libertad civiles de los demás centros de corrección
y rehabilitación, entre estos de educación, deportes, actividades lúdicas y de recreación, servicios de salud y alimentación provista por el sistema penitenciario. Acotó que allí no se permite el ingreso de alimentos ni cocidos ni crudos.
Cárceles ordinarias y especiales
Aunque funcionan dos centros de reclusión para militares y policías, los jueces no envían a esos recintos a todos los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que se les dictan medidas de coerción.
Los cinco militares implicados en la operación Coral, acusados de pertenecer a un entramado de corrupción en perjuicio del Estado, fueron enviados por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional al Centro de Corrección Najayo, San Cristóbal, que es una cárcel común, a cumplir una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva.
Antes, el Tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia envió al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinalito de La Vega, con un año de prisión preventiva, a varios agentes policiales acusados de causarle la muerte a una pareja de pastores, hecho ocurrido en abril.
Y por ese mismo crimen, el tribunal envió a otros dos policías a la cárcel de Operaciones Especiales, de Manoguayabo, y a un coronel lo mandó a cumplir la medida de coerción al centro de corrección El Polvorín, en Villa Mella.
LOS DETALLES
CASO
Dos centros.
Los recintos penales se clasifican en penitenciarías, cárceles, presidios e institutos especiales. Aqui hay dos centros para militares y policías, pero los jueces no envían a esos recintos a todos los militares y policías.
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