Los escándalos de corrupción han perseguido a los políticos dominicanos en cada administración en las últimas cuatro décadas, al punto de que los gobernantes que han dirigido los destinos de la nación entre los años 1986 a la fecha, se han visto enlodados por los escándalos de actos dolosos que han cometido sus funcionarios.
Cada cambio de gobierno es parecido a una serie de Netflix, de modo que la ciudadanía puede sentarse tranquilamente a esperar qué trae la próxima temporada. Llueven las acusaciones a cargo de las nuevas autoridades, por lavado de activos, malversación de fondos, actos dolosos, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, desfalco al Estado, sobrevaluación de obras y otros que salpican al mandatario saliente.
De hecho, la historia muestra que desde el gobierno que encabezó Salvador Jorge Blanco por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el periodo 1982-1986, pasando por el de Joaquín Balaguer por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 1986-1996, Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 1996-2000 y 2004-2012, Hipólito Mejía por el PRD 2000-2004 y Danilo Medina del 2012 hasta a la fecha, el país quedó marcado por lo menos por siete importantes escándalos de corrupción.
El juicio del siglo
El fenecido presidente Jorge Blanco, de 62 años, fue condenado a veinte años de prisión acusado por desfalco contra el Estado dominicano y otros actos de corrupción, además de que fue sentenciado al pago de multas e indemnizaciones por más de 172 millones de pesos en favor del Estado dominicano.
El fenecido presidente Jorge Blanco, de 62 años, fue condenado a veinte años de prisión acusado por desfalco contra el Estado dominicano y otros actos de corrupción, además de que fue sentenciado al pago de multas e indemnizaciones por más de 172 millones de pesos en favor del Estado dominicano.
Este caso fue bautizado como “El juicio del Siglo”. Jorge Blanco fue arrestado y solo permaneció dos meses en la cárcel.
La acusación fue por supuestamente haber patrocinado compras irregulares en las Fuerzas Armadas y por el mismo caso fueron condenados por desfalco y prevaricación el banquero Leonel Almonte, el secretario de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez, y Juan Tomás Peña Valentín, suplidor de las FFAA. Otros imputados en ese gobierno fueron José Michelén, director de Inespre, y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Nacional. Estos dos últimos salieron del país huyéndole a los sometimientos por corrupción.
La Hidro-Quebec
Durante las últimas gestiones del fallecido presidente Joaquín Balaguer sonaron dos escándalos: el desfalco en Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Quebec.
Durante las últimas gestiones del fallecido presidente Joaquín Balaguer sonaron dos escándalos: el desfalco en Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Quebec.
En el año 1991 el gobierno de Balaguer se vio obligado a rescindir el contrato para la concesión, rehabilitación y exploración de redes eléctricas con el consorcio canadiense Hidro-Quebec, luego de denuncias por sobrevaluación del proyecto, superior a los 25 millones de dólares.
La empresa retiró 20 millones de dólares que el Gobierno había depositado como garantía en un Banco de Nueva York, sin embargo, por el caso no hubo acusados ante la justicia.
Mientras en el año 1995, fue sometida a la justicia la directora de Aduanas, Anisia Rissi, y otras 21 personas acusadas por desfalco, por un monto de mil millones de pesos contra el Estado dominicano en el periodo 1990-1994, pero en el 2008 el grupo fue descargado luego de que Aduanas retirara la acusación.
Caso PEME
El caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) ha sido uno de los más sonados en República Dominicana, el cual involucró a cuatro dirigentes del PLD y funcionarios en el primer gobierno de esa organización encabezado por Leonel Fernández (1996-2000).
El caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) ha sido uno de los más sonados en República Dominicana, el cual involucró a cuatro dirigentes del PLD y funcionarios en el primer gobierno de esa organización encabezado por Leonel Fernández (1996-2000).
Fueron implicados Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, Noé Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, acusados de malversar más de RD$1,000 millones.
El caso, sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), se extendió hasta que el PLD regresó al poder en 2004. El Gobierno se desinteresó del expediente, y los pocos condenados fueron indultados.
Con el regreso del PLD al poder, en 2004, nacieron otros escándalos de corrupción y la lista la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, exdirector de INAPA y exministro de Obras Públicas, y en la actualidad uno de los principales acusados del caso de corrupción Odebrecht.
Plan Renove
El Plan Renove fue otro de los grandes escándalos de corrupción, el cual involucró a un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía, los cuales fueron acusados por estafa contra el Estado.
El Plan Renove fue otro de los grandes escándalos de corrupción, el cual involucró a un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía, los cuales fueron acusados por estafa contra el Estado.
Los involucrados fueron Antonio Marte, quien en las recientes elecciones resultó ganador de la senaduría de Santiago Rodríguez, así como Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) y Gervasio de la Rosa.
También Blas Peralta, quien luego fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, así como Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William, Alfredo Pulinario y Ángel Rondón.
OISOE
En contra del senador de San Juan de la Maguana, Felix Bautista, se han incoado varias acusaciones y una de las más recordadas es la del año 2015 por enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia.
En contra del senador de San Juan de la Maguana, Felix Bautista, se han incoado varias acusaciones y una de las más recordadas es la del año 2015 por enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia.
El ahora senador por San Juan de la Maguana fue sometido a la justicia por la supuesta sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo, en esa provincia, pero fue descargado en los tribunales.
El senador Bautista, quien fue reelegido de nuevo, fue acusado también por “desaparecer” 6,500 millones de pesos del caso Sund Land, 130 millones de dólares contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la UASD. El caso que no tuvo consecuencias.
Sobornos por Tucanos
Por el caso de los Tucanos fueron sometidas cuatro personas, entre ellos el coronel Carlos Piccini, luego de que el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Estado de Estados Unidos suministraron a la Procuraduría General de la República pruebas que revelaron que altos directivos de la Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A (Embraer) entregaron sumas de dinero a funcionarios de República Dominicana para agenciarse el contrato de la venta de ocho aviones.
Por el caso de los Tucanos fueron sometidas cuatro personas, entre ellos el coronel Carlos Piccini, luego de que el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Estado de Estados Unidos suministraron a la Procuraduría General de la República pruebas que revelaron que altos directivos de la Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A (Embraer) entregaron sumas de dinero a funcionarios de República Dominicana para agenciarse el contrato de la venta de ocho aviones.
Caso Odebrecht
Ha tocado por lo menos 11 países de América Latina, pero en la República Dominicana involucró a 14 políticos, empresarios y legisladores que fueron acusados por la Procuraduría de distintos delitos relacionados con el caso.
Ha tocado por lo menos 11 países de América Latina, pero en la República Dominicana involucró a 14 políticos, empresarios y legisladores que fueron acusados por la Procuraduría de distintos delitos relacionados con el caso.
Se trata del caso Odebrechet, por el cual en septiembre del año 2019, la Suprema Corte de Justicia inició el juicio en contra de los seis acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana.
Por el caso, el juez Francisco Ortega impuso prisión preventiva al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; Andrés Bautista, expresidente del Senado y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); al exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González; Víctor Díaz Rua, exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga, y Ángel Rondón, acusado de pagar los sobornos.
A los acusados Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, exfuncionarios públicos, les fue impuesta prisión domiciliaria por nueve meses. Mientras a legisladores señalados Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, les fue impuesta una fianza de 5 millones de pesos y una prohibición de salida del país. Todos esperan ahora el juicio en libertad.
En otra acusación en el año 2014, Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia acusado de actos de corrupción y lavado de activos durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Públicas, sin embargo, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional ordenó el archivo definitivo de las querellas penales en su contra.
Otros escándalos
Otros escándalos de corrupción fueron en el Seguro Médico para Maestros (SEMMA) y en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), este último destapado a raíz del asesinato del abogado y profesor universitario, Yuniol Ramírez.
Otros escándalos de corrupción fueron en el Seguro Médico para Maestros (SEMMA) y en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), este último destapado a raíz del asesinato del abogado y profesor universitario, Yuniol Ramírez.
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