Por efectos del Covid-19, el presidente de la República ha solicitado al Congreso Nacional una prórroga del Estado de Emergencia por 25 días, lo cual lo extendería, como modalidad del Estado de Excepción, hasta el 25 de mayo.
Sin embargo, esta solicitud de prórroga suscita la inquietud sobre cómo podría determinarse el momento preciso, adecuado, para reabrir el país y volver al diario discurrir.
Aunque sobre ese particular no existe todavía, a nivel global, una respuesta definitiva, resulta incontrovertible, sin embargo, que la reactivación de la actividad económica y social de cada país dependerá del nivel de propagación que el coronavirus haya alcanzado.
Esa perspectiva, por supuesto, sólo se obtiene a partir de la aplicación de un programa masivo de las pruebas de diagnóstico Covid-19, que es lo que permite establecer el perfil epidemiológico de una sociedad.
A partir de la determinación de ese ese perfil epidemiológico es que se pueden diseñar y aplicar las medidas que contribuirán a la contención de la propagación del virus; y, por consiguiente, a preservar vidas en un país.
Lamentablemente, en el caso dominicano ha habido incomprensión por parte de las autoridades gubernamentales acerca de la relevancia de las referidas pruebas de diagnóstico, por lo que su aplicación no solo ha resultado un proceso complejo y enigmático, sino hasta misterioso.
En una reciente alocución presidencial, efectuada el 17 de abril, se anunciaba al país que habíamos alcanzado la cifra de 40 mil pruebas de diagnóstico. Además, de que teníamos un promedio de aplicación de mil pruebas diarias, lo cual sería ampliado en breve a dos mil cada día.
Ese planteamiento del gobierno dominicano produjo una paradoja. Por un lado, provocaba satisfacción saber que desde el máximo nivel gubernamental finalmente se le concedía importancia al tema de las pruebas, hasta el punto de anunciar un avance significativo en la cantidad a ser aplicada.
Por otro lado, sin embargo, resultaba confuso conciliar las cifras ofrecidas, de 40 mil pruebas, con las reportadas hasta ese momento por el Ministerio de Salud Pública, en su boletín 29, que las situaba en tan solo 13 mil 282.
El calvario de las pruebas
Desde que se detectó la presencia de coronavirus en el país, en adición al confinamiento de la población, la otra medida que sin demora debió haber aplicado el gobierno fue la de realizar, en forma generalizada, pruebas de diagnóstico.
No lo hizo así. El gobierno, primero, estableció limites respecto de quien podía acceder a esas pruebas; y segundo, elaboró unos procedimientos burocráticos tan rígidos que convertían en una verdadera angustia, en un suplicio, el lograr su realización.
De esa manera, la idea de la aplicación ágil, masiva y gratuita de las pruebas de diagnóstico se convirtió en una gran frustración nacional. En principio, estuvieron destinadas únicamente a un segmento de la población, pues sólo podían acudir a su realización personas de 59 años en adelante, con dos o más síntomas de la infección; y aun así, se requería previamente la indicación de un médico internista, neumólogo o infectòlogo.
Fue con posterioridad que se concedió autorización a cualquier profesional médico, que siguiese el protocolo de indicación, ejecutar la prueba de laboratorio para detectar el Covid-19. Pero en los orígenes de la pandemia estuvo restringido a los especialistas previamente indicados.
Conforme a las instrucciones oficiales, lo que normalmente se hace para realizar las pruebas consiste en marcar una llamada telefónica a un número indicado. Ahí responde una grabadora que remite, a su vez, a otra operadora.
La nueva línea, sin embargo, normalmente se encuentra ocupada, o simplemente se cae. Pero en el caso excepcional de que se logre la comunicación, las instrucciones que se ofrecen son tan complicadas que los usuarios se ven desilusionados al no poder satisfacer su petición.
Los que finalmente logran vencer todas las barreras, recibían en los inicios de la propagación del virus una prueba de PCR, que dura entre dos y tres horas, y consiste en una técnica de diagnóstico para detectar los ácidos nucleicos de los microorganismos, así como la secuencia del genoma en el coronavirus.
Con posterioridad, para acelerar la realización de las pruebas, en adición a las de PCR, se introdujeron las llamadas pruebas rápidas, las cuales solo toman entre 10 y 15 minutos para su realización. Estas consisten en un análisis de sangre que indica si una persona ha sido infectada y si ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus.
Pero, en principio, hubo restricciones hasta con respecto a los laboratorios clínicos que podían aplicar las pruebas. Inicialmente había una concentración, casi total, del Laboratorio Nacional Doctor Fernando A. Defillò.
Luego se integraron los de Amadita y Referencia; y no fue sino después de intensos reclamos, que se autorizó la incorporación de otros provenientes del sector privado.
En fin, la reacción inicial del gobierno para contener la propagación del coronavirus fue desacertada. No logró comprenderse a tiempo la importancia de las pruebas como acumulación de la data o información necesaria para trazar las políticas de contención de propagación de la pandemia.
Una clara manipulación
Ahora, al anunciar la cifra de 40 mil pruebas realizadas, el gobierno ha querido transmitir la impresión de que siempre tuvo una clara visión acerca de la relevancia de las pruebas de diagnóstico como mecanismo para elaborar su estrategia en contra de la expansión del coronavirus.
Pero no es cierto que tuviera visión alguna. Resulta difícil conciliar la cifra de las inventadas 40 mil pruebas con las informadas en el boletín 29 por el ministro de Salud, en el que se informaba que se habían efectuado sólo 13 mil 282.
De esa última cantidad de pruebas realizadas, se deduce que nuestro promedio diario no era de mil pruebas, como olímpicamente señaló el jefe del Ejecutivo, sino tan sólo de 308. ¿Cómo se deduce eso?
Simple: de la cantidad total de pruebas realizadas (13mil 282), divididas entre los 43 días transcurridos al momento de la referida alocución presidencial.
Ante la confusión generalizada, varios voceros gubernamentales procedieron a aclarar que las 40 mil pruebas realizadas se debían a la combinación de las PCR y las pruebas rápidas.
Lo que no aclararon esos voceros, sin embargo, es por qué no se incluye la cantidad de esas pruebas rápidas en los boletines oficiales, ni tampoco se informa con respecto a sus resultados.
La desmesura alcanzó su clímax el pasado jueves, cuando el ministro de Salud, al querer despejar la confusión respecto de las cifras oficiales sobre las pruebas, la ahondó aún más.
En esa ocasión afirmó que en el país ya se habían realizado 43 mil pruebas rápidas. En el boletín 35, que daba a conocer al público, sólo constaban, sin embargo, 19 mil 280 pruebas PCR.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué tanta incongruencia y desinformación? ¿Por qué tanto misterio con unas pruebas que bien se sabe no se han realizado?
Así no se puede continuar. La sociedad dominicana no desea que, por falta de pruebas, y por ende de estrategia de contención del Covid-19, el Estado de Emergencia se prolongue por tiempo indefinido.
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