Si bien las protestas que han sacudido a varios países latinoamericanos y caribeños estallaron ostensiblemente contra decisiones de gobiernos como las alzas de precios del transporte público, su motivo fundamental es la frustración popular por la persistencia de la desigualdad.
Aunque en todas las sociedades hay disparidades entre ricos y pobres, éstas son mucho más pronunciadas en nuestra región, que cuenta con ocho de los 20 países más desiguales del mundo.
En las naciones industrializadas, los impuestos y el gasto social han demostrado ser herramientas eficaces para reducir la inequidad. En los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, estas políticas reducen la disparidad de ingreso disponible en un promedio de casi 40%.
En contraste; en América Latina los impuestos y el gasto social reducen la desigualdad en apenas 5%, en promedio.
En parte, esto se debe a que los gobiernos latinoamericanos recaudan proporcionalmente menos por impuestos y gastan menos en servicios sociales que los países de la OCDE. Pero también es porque las políticas fiscales son menos progresivas en nuestra región y porque la calidad de nuestro gasto público aún es muy mala.
Del lado de los ingresos, América Latina y el Caribe recaudan 23,3% del PIB mediante impuestos, comparado con 34,4% en países de la OCDE (Argentina y Brasil son notables excepciones porque recaudan algo más que el promedio de la OCDE). Dado que casi la mitad de los trabajadores en América Latina están en la economía informal, la recaudación por impuestos a los ingresos es baja. Pero incluso en el decil de ingresos más altos, la gente paga apenas 4,8% de sus ingresos en impuestos sobre la renta, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En la Unión Europea, dicha cifra es casi cuatro veces mayor, y el contribuyente del decil más alto paga un promedio de 21,3% de sus ingresos.
Durante décadas, los gobiernos latinoamericanos han optado por gravar el consumo, por ejemplo, con el impuesto al valor agregado, como su principal fuente de ingresos. Estos impuestos, aunque son fáciles de recaudar, tienden a ser regresivos, dado que los hogares más pobres dedican una mayor proporción de sus ingresos al consumo. En nuestra región, los impuestos como el IVA representan en promedio el 48,5% de la recaudación total, comparado con 32,4% en la OCDE.
Esta distorsión se magnifica por el hecho de que, en nuestra región, el gasto social además tiende a favorecer a los ricos. En promedio, el 75% del gasto social se concentra en pensiones que benefician a familias de ingresos medianos y altos además de en subsidios y productos que los hogares de bajos ingresos consumen menos, como la educación universitaria y la gasolina.
Hasta los programas sociales específicamente diseñados para favorecer a los más pobres, como las transferencias monetarias condicionadas a la escolarización de los niños, padecen de “fugas” que permiten que algunas familias de mayores ingresos reciban beneficios indebidamente. En promedio, 40% de tales recursos terminan en los bolsillos de personas que no están en la pobreza.
Los servicios sociales no basados en transferencias monetarias, como la educación y la salud, han mejorado muchísimo el bienestar humano en la región. Pero los resultados y la calidad de esos servicios siguen siendo tremendamente desiguales.
En evaluaciones internacionales como las pruebas PISA, los resultados educativos de América Latina figuran entre los peores en las tablas internacionales. Sólo quienes pueden costear colegios privados se desempeñan mejor. Y la tasa de mortalidad infantil entre los pobres duplica la de los ricos.
No podemos postergar más el tipo de reformas que hagan más progresivas nuestras políticas fiscales, ya sea evitando “fugas” en programas existentes o eliminando ventajas impositivas que principalmente benefician a grandes firmas o a familias pudientes.
Muchos de nuestros gobiernos hoy cuentan con sistemas de información fiscal y social que harían mucho más factibles tales reformas que en el pasado. Aunque siempre habrá intereses creados que se opondrán a tales cambios, la crisis actual nos da una oportunidad para generar el tipo de consenso necesario para encarar reformas audaces.
Hace pocos años, México aprovechó un momento similar para poner en marcha una reforma impositiva progresiva como parte de un amplio acuerdo multipartidario. Los ingresos fiscales aumentaron en un notable 3,4% del PIB sin que fuese necesario aumentar significativamente el IVA. En cambio, recortaron los subsidios que beneficiaban a los ricos u aumentaron los impuestos a los ingresos y a los dividendos de acciones. Como resultado, el 70% de lo recaudado por esta reforma vino del 20% más rico de la población.
No hay razón para pensar que un esfuerzo igualmente ambicioso no funcionaría en otros países de la región, incluso cuando las circunstancias particulares varíen de país en país. De México a Chile, la gente clama por el cambio. El BID ha apoyado muchas reformas fiscales y de egresos que ayudaron a aumentar la calidad del gasto público. Estamos listos para ayudar a los gobiernos a emprender ese camino.
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