En la empobrecida comunidad Guasumilla, de El Seibo, Ysolina Padua, una anciana de 77 años, cuida de sus seis nietos que quedaron en la orfandad luego de que la madre fuera asesinada por su expareja en 2016. Al norte de la capital, en Sabana Perdida, otra abuela, Carmen Arelis Hernández, asume el rol de madre acogedora de otros seis niños después de que su hija Mileidis Abad perdiera la vida en un hecho similar.
La ola de violencia machista en la República Dominicana registra que entre 2005 y noviembre del 2019 ocurrieron mil 295 asesinatos de mujeres de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR); solo en los primeros catorce días del 2020 siete mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas.
Pero, ¿qué ocurre con los sobrevivientes de estas tragedias? Los feminicidios representan no solo una irreparable pérdida para los familiares, sino que dejan a su paso una estela de carga económica, daños psicológicos y pobreza que llenan de incertidumbre a miles de hogares destruidos por el crimen y, en la mayoría de los casos, a niños, niñas y adolescentes sin madres ni padres.
Partiendo de esa dolorosa realidad, el 18 de noviembre del año 2015 la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, presentó el Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios con el objetivo de garantizar el sano desarrollo y los derechos de los menores de edad afectados por esta tragedia.
Ysolina y Arelis son de las primeras familias que entraron al Protocolo y coinciden en afirmar que la iniciativa les ha ayudado a aceptar su pérdida y salir adelante con apoyo emocional y terapias psicológicas para que la familia supere el trauma de manera favorable causado por el feminicidio, así como el acompañamiento mediante las transferencias monetarias condicionadas, visitas domiciliarias constantes, mejora de la vivienda, ayuda escolar, enseres del hogar, alimentos, medicamentos, entre otros insumos para su bienestar.
Ángela García, encargada del proyecto, explica que esta iniciativa es sin lugar a dudas un instrumento eficaz en el cual las familias afectadas pueden sostenerse. “Ver a esas madres que lo único que te dicen es que perder a su hija es lo más grande que les ha sucedido en la vida, pero gracias a este Protocolo, con las visitas domiciliarias puntuales, con este apoyo psicológico y terapias familiar e individual que se les brinda es determinante para que las familias vuelvan a tener esperanza, paz y resiliencia”, asegura.
Explica que el Protocolo tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes huérfanos por la violencia machista. La iniciativa de Margarita Cedeño trabaja desde una perspectiva más amplia las secuelas de la violencia, un problema que coloca al país como el tercero con la tasa más alta de feminicidios después de Honduras y El Salvador, según datos evidenciados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Si comparamos el antes y después de estar en el programa, estas familias han experimentado enormes cambios, porque se sienten que no están solas, se sienten apoyadas, tienen una mano amiga que puede seguir trabajando y dándole amor a esos niños. Ya ellos tienen un semblante diferente, sonríen y tienen más deseos de vivir, porque han recibido este apoyo”, afirma.
Pequeños huérfanos
Los huérfanos son las otras víctimas de los violentos crímenes cometidos contra mujeres en el país. María José tiene cinco años y cuatro meses y aún no comprende que es una de esos niños a los que la violencia de género les arrebató a su mami. Sin embargo, el caso de esta pequeña no es el único, el patrón parece multiplicarse ferozmente en las familias dominicanas: los abuelos y los tíos maternos son, la mayoría de las veces, los que se quedan a cargo de los menores de edad cuando su madre es asesinada, pasando de familia convencional a familia acogedora.
Los huérfanos son las otras víctimas de los violentos crímenes cometidos contra mujeres en el país. María José tiene cinco años y cuatro meses y aún no comprende que es una de esos niños a los que la violencia de género les arrebató a su mami. Sin embargo, el caso de esta pequeña no es el único, el patrón parece multiplicarse ferozmente en las familias dominicanas: los abuelos y los tíos maternos son, la mayoría de las veces, los que se quedan a cargo de los menores de edad cuando su madre es asesinada, pasando de familia convencional a familia acogedora.
Y es que la violencia de género no discrimina. Hasta la lejana comunidad del municipio de Neiba, provincia Bahoruco, el flagelo visitó a Alba Angélica de la Cruz y le arrebató a su hija, situación que le cambió su rol de abuela por el de madre de dos niños que hoy alcanzan los 17 y 11 años.
Salir adelante entre el dolor y la impotencia por el feminicidio es algo a lo que se enfrentan aquellos que como Alba asumen la responsabilidad de hacerse cargo de los pequeños huérfanos. ¿Su consuelo? Que han encontrado un farol en el oscuro túnel a través del Protocolo que implementa la Vicepresidencia de la República, junto con otras instituciones, el cual ha sido un soporte para canalizar su dolor y seguir adelante.
“Yo no tengo con qué pagar toda la ayuda psicológica que hemos recibido; en principio los niños estaban rebeldes, en especial el menor, pero las psicólogas nos han ayudado y ya estamos mucho más tranquilos; la verdad es que con esas psicólogas uno se siente acompañado en esta tragedia que no deja de doler”, dice sollozando.
Dos centros
En estos espacios las participantes serán capacitadas sobre sus derechos, se promoverá su participación en el mercado laboral y en diferentes iniciativas productivas que les permitan progresar. Además, las afectadas encontrarán asistencia, asesoría legal, atención psicológica individual y colectiva, apoyo para garantizar su integridad física y atención médica general.
En estos espacios las participantes serán capacitadas sobre sus derechos, se promoverá su participación en el mercado laboral y en diferentes iniciativas productivas que les permitan progresar. Además, las afectadas encontrarán asistencia, asesoría legal, atención psicológica individual y colectiva, apoyo para garantizar su integridad física y atención médica general.
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