Una comisión del alto nivel fue designada para investigar las circunstancias en las que perdió la vida el ciudadano Ignacio Alfonso Abreu Romero (Nacho), durante un incidente en el que participaron miembros de la Policía Nacional.
Mediante un comunicado, la institución del orden informó que rechaza cualquier acto en el que se utilice de manera desproporcionada el uso de la fuerza.
El informe sobre el suceso ocurrido el pasado 13 de noviembre en el sector La Española, de la provincia Espaillat, indica que una patrulla de acción rápida comandada por el capitán Manuel Emilio Rivera y los rasos Yaldory Enrique Núñez, Keurin José Tejada Santos y Wellington Antonio Ramírez García se presentaron al citado lugar atendiendo a un llamado de que varios elementos realizaban disparos por el control de un presunto punto de drogas.
En el citado sitio se encontraba “Nacho” presuntamente comprando drogas y es en ese momento que el oficial le realiza un disparo donde resultó herido y falleció posteriormente mientras era trasladado a un centro de salud.
Frente a este hecho, los generales Cabrera Sarita y García Cuevas se trasladaron hacia la provincia Espaillat y, en coordinación con el representante del Ministerio Público de esa ciudad, realizaron varios descensos y entrevistas a comunitarios, a representantes de los Derechos Humanos, a peritos en la escena del crimen, a policías y a varios testigos.
El proceso de entrevistas, sumado a los resultados de las pruebas balísticas, las cuales arrojaron que el arma del capitán coincide en todas sus características con el casquillo de pistola encontrado en la escena del suceso, permitieron a la citada comisión, como conclusión de la investigación, suspender y enviar ante la justicia al oficial y los referidos alistados para que respondan por la muerte de Ignacio Alfonso Abreu Romero (a) Nacho.
La citada comisión estuvo encabezada por el inspector general del cuerpo del orden, general de brigada Rafael Cabrera Sarita y el director de Asuntos Internos, general de brigada Héctor García Cuevas.
En la gestión del mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, desde el 31 de agosto del 2017 a la fecha, se ha recomendado la cancelación de 1,722 policías por diferentes acciones contrarias a los reglamentos institucionales, incluyendo el exceso de autoridad.
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