Diez meses después de que el huracán María destruyera la red eléctrica de Puerto Rico, la agencia local responsable de su reconstrucción está sumida en un caos y más de mil millones de dólares en fondos federales destinados a reforzar esa red no han sido usados, según contratistas y funcionarios estadounidenses que no ven la hora de adelantar las obras antes de la llegada del próximo huracán.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico registró las renuncias de dos directores generales y cuatro miembros de su Junta de Gobierno en menos de una semana en el marco de disputas en torno a cuánto debería cobrar su director ejecutivo.
El cuarto CEO que tiene el organismo desde el huracán duró menos de 24 horas la semana pasada, pues renunció en medio de un revuelo generalizado en torno a su sueldo de 750.000 dólares.
El gobernador Ricardo Rosselló nombró el miércoles a un ex director de la agencia de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico. José Ortiz será el quinto director que tiene la AEE desde María, con un sueldo de 250.000 dólares. Comenzará a trabajar el lunes.
"A pesar de los tropiezos del pasado, verán que tenemos la persona indicada en el momento indicado", afirmó Rosselló.
Los problemas demoraron el lanzamiento de obras por valor de 1.400 millones de dólares que incluyen el reemplazo de postes de madera decrépitos que podrían derrumbarse con la próxima tormenta, según declaró a la Associated Press el funcionario federal a cargo de la reconstrucción.
"No se ha hecho ningún trabajo permanente", dijo Mike Byrne, administrador adjunto de operaciones de campo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). "Lo que me preocupa es la siguiente etapa, el trabajo permanente, ir y construir la red que me encargó el Congreso".
Desde los equipos médicos que no se pueden usar hasta la diseminación de enfermedades que transmite el agua, la falta de luz pudo haber causado cientos de muertes tras el paso del huracán de categoría 4, aunque la cantidad exacta de muertes es objeto de debate y de una investigación que sigue su curso.
"La principal razón por la que murió tanta gente después del huracán fue la falta de electricidad", dijo el senador opositor Eduardo Bhatia. "Y la falta de luz deriva de lo frágil que era el sistema eléctrico tras años de abandono".
Varios cientos de personas seguían sin luz el jueves, en el apagón más prolongado en la historia de los Estados Unidos. Toda la isla sigue siendo vulnerable a los apagones porque buena parte de los daños causados por la tormenta fueron reparados a título temporal y la red probablemente no esté en condiciones de soportar el próximo huracán.
Hay miles de postes en mal estado y de cables que fueron reciclados al no contarse con suministros nuevos. En algunos casos usaron árboles para el tendido de cables.
La autoridad eléctrica de Puerto Rico informó en marzo a tres grandes empresas que las habían seleccionado para hacerse cargo de contratos por 1.400 millones de dólares que incluyen el terminado de la reconstrucción de emergencia y el comienzo de un trabajo a largo plazo para renovar totalmente la red eléctrica. Casi cuatro meses después, la agencia no ha autorizado todavía el inicio de las labores para la red permanente, según funcionarios federales y algunos contratistas.
La autoridad energética no ha explicado las razones de ello y un portavoz no devolvió repetidas llamadas de la AP en busca de comentarios. Como ocurre con casi toda la asistencia a Puerto Rico tras el huracán, las obras de reconstrucción son hechas por empresas privadas y financiadas por organismos locales en bancarrota, que usan miles de millones de dólares asignados por el Congreso estadounidense y distribuidos por FEMA.
La junta creada por el Congreso para supervisar las finanzas de Puerto Rico y el proceso similar a una quiebra que sobrelleva la isla debe revisar también los grandes contratos que concede el gobierno. En mayo encontró problemas con los contratos de dos empresas energéticas que debían encargarse de las primeras etapas de los trabajos permanentes. Incluidos una descripción ambigua del alcance de las obras y una ausencia de evaluaciones detalladas de costos.
Ortiz, el nuevo director de la Autoridad, detectó potenciales problemas con al menos uno de los contratistas, Cobra, subsidiaria de Mammoth Energy, una firma de Oklahoma. Cobra recibió más de 1.800 millones de dólares del fondo federal, que representaban unos 4.000 dólares diarios por trabajador en muchos casos. Ortiz dijo que revisaría los costos de los contratistas.
"Sí, se va a reevaluar", dijo a la prensa el miércoles. "Ciertamente tiene los números para mirarse con mucho cuidado".
Los representantes de Cobra declinaron hacer comentarios en lo inmediato. Los problemas con la empresa del servicio eléctrico han hecho que se multipliquen los pedidos de un cambio urgente en una práctica de décadas por la cual la generación y transmisión de electricidad queda a cargo de una agencia del gobierno dirigida por figuras designadas por el gobernador y no de una corporación independiente, regulada por el gobierno, como ocurre en casi todos lados en Estados Unidos.
Rosselló propuso privatizar la generación de energía y hacer concesiones a contratistas privados para la transmisión y distribución de electricidad.
Los legisladores puertorriqueños aprobaron una medida que facilitaría esos cambios y esperan pasar otra ley en los próximos meses para crear un marco regulador. Para muchos en la isla y afuera, eso no basta.
"La AEE tiene que ser despolitizada para que ofrezca un servicio funcional, moderno y confiable. Los puertorriqueños se merecen al menos eso", declaró el representante republicano Rob Bishop, que supervisa los asuntos relacionados con Puerto Rico como presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la cámara baja. La comisión tendrá una audiencia sobre el futuro de la empresa de electricidad el 25 de julio.
Empleados de la agencia dicen que por décadas un control casi total de la oficina del gobernador hizo que la empresa se llenase gerentes sin calificaciones, con conexiones políticas. La influencia de la política dio asimismo paso a una serie de proyectos poco realistas y muy costosos que fueron cancelados por los gobiernos siguientes.
El gobierno, por otro lado, no pagó por años los costos de electricidad de muchas de sus agencias y ofreció grandes descuentos a hoteles y otras firmas importantes.
Los trabajos de mantenimiento, como cortar las ramas de los árboles que se mezclaban con el tendido eléctrico y reemplazar postes en mal estado, fueron demorados por años, si no décadas.
En mayo del 2017, Puerto Rico declaró la bancarrota municipal más grande en la historia de Estados Unidos. El gobierno tiene una deuda pública de 70.000 millones de dólares, que incluye 9.000 millones adeudados por la empresa energética.
En quiebra y con una mala administración, la red eléctrica de Puerto Rico estaba a punto de derrumbarse cuando María causó estragos en la isla en septiembre del año pasado y dejó a millones de personas sin luz. Al estallar la crisis, desfilaron una cantidad de directores generales.
El primero en partir fue Ricardo Ramos, en medio de denuncias de que contrató una empresa sin calificaciones, Whitefish. Su sucesor temporal fue reemplazado por Walter Higgins, veterano ejecutivo de esa área. El 11 de julio, después de solo cuatro meses en el cargo, sin embargo, Higgins dimitió. Entre los factores que motivaron su renuncia, dijo, figuró que no se podían satisfacer los detalles de la compensación que había arreglado. Un mes antes, la secretaria de Justicia de Puerto Rico dijo que era ilegal que un empleado público como Higgins recibiese bonificaciones además de su salario de 450.000 dólares.
Se nombró entonces a Rafael Díaz, miembro de la junta directiva, con un sueldo de 750.000 dólares anuales.
Díaz duró 24 horas. Renunció junto con otros cuatro miembros de la junta cuando el gobernador Rosselló criticó su salario y dijo que quienes no querían ajustes en sus compensaciones en medio de una recesión que ya lleva 11 años debían dimitir.
Todos estos cambios alarman a los puertorriqueños y dan munición a los detractores políticos de Rosselló.
"Se está afectando la economía, se está afectando la calidad de vida de la gente, y se pone en riesgo la vida de personas que dependen del sistema eléctrico", expresó Rolando Ortiz, director de una asociación de alcaldes del Partido Democrático Popular de oposición.
Byrne, el administrador de FEMA, dijo que era imperioso darle estabilidad a la autoridad energética para proteger a Puerto Rico de futuros desastres.
"Hacen falta una serie de cosas", manifestó Byrne. "Un director, liderazgo, capacidad". "Cuando más rápido nos pongamos en marcha, mejor para todos", agregó.
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