SANTO DOMINGO.- Las contradicciones entre los órganos de control del Estado en el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) obliga una reforma de la Ley sobre Compras y Contrataciones Públicas, a juicio de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Indicó que si bien es cierto que una parte de los graves problemas detectados por la Cámara de Cuentas (CC) en la OMSA pudieran estar amparados en la Resolución 15/08, no menos cierto es que en otros se inobservó la especificidad del texto de sus presupuestos.
Estimó que en un primer momento, la Contraloría “debió abstenerse de autorizar los pagos de las reparaciones que no se enmarcaban en la Resolución No. 15/08, vigilar internamente los trámites administrativos y verificar si existía alguna violación a la Ley de Función Pública o a algunos de los reglamentos internos del organismo vigilado”.
Dijo que “dada la autonomía operativa de que goza la Cámara de Cuentas, su actuación pudo haber circunscrito la fiscalización y verificación in extensa sobre el contenido de los trámites administrativos realizados por la OMSA, la legalidad de las actuaciones y el análisis a profundidad de los criterios de eficiencia, transparencia y economía, que pudieron haber sido igualmente inobservados por la institución auditada”.
Afirmó que “cada acto de corrupción evidencia las disfuncionalidades orgánicas de los órganos de control interno y externo de los fondos del Estado”.
“Lo anterior continúa alimentando una imagen de entidades ineficientes, politizadas e incapaces de cumplir con la misión de fiscalizar y, ante todo, salvaguardar los recursos públicos”, expresó.
Manifestó que “la transparencia es el pilar de un sistema democrático serio. Los órganos de control del país no pueden, bajo ningún concepto, adecuar sus actuaciones conforme a las coyunturas, sino fortalecer las sanciones y, por ende, los sistemas de consecuencias”.
Dijo que “tanto al Estado como a la sociedad deben llamarle a preocupación, más que las eventuales contradicciones entre los órganos del sistema de control, las debilidades que ambas instituciones manifiestan para aumentar la eficacia e interpretación objetiva de sus actuaciones”.
“A la luz de la situación actual, es evidente que existe una grave debilidad entre esos órganos, lo que pone en serio riesgo las promesas del Estado de investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción”, subrayó.
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