SANTO DOMINGO. El hecho de que el senador Wilton Guerrero haya pedido disculpas públicas por haber difamado al expresidente Hipólito Mejía manda el mensaje a los políticos y a la sociedad, de que hay que ser cuidadosos a la hora de hacer acusaciones sin contar con elementos para probarlo.
Así lo consideran varios juristas que fueron consultados sobre el proceso judicial que mantuvo durante casi seis años el presidente Mejía. En 2012 el expresidente interpuso una querella ante la Suprema Corte de Justicia contra el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Peravia, debido a que este había dicho que el exmandatario viajó en avión facilitado por el cartel de Sinaloa.
Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, consideró que son muy comunes en el país “las denuncias alegres, carentes de veracidad, con la clara intención de dañar la honra y reputación de personas, abusando del derecho a la libre expresión”.
Precedente
Además, expresó que ese caso “se constituye en un importante precedente que puede contribuir a evitar que en los medios se recurra a este tipo de acciones irresponsables que afectan gravemente la reputación de una persona”.
De forma similar opina el abogado Cristóbal Rodríguez. Dijo que la difamación, el daño a la reputación de los adversarios políticos como forma de inhabilitarlos políticamente, está consignado y sancionado en la legislación dominicana.
Asimismo, manifestó que “la solicitud de la Suprema Corte de Justicia para que Wilton Guerrero produjera el desagravio sólo puede ser entendida de manera razonable como una advertencia de que si no producía el desagravio lo iban a condenar.
“Eso tiene que quedar claro como una advertencia al senador Guerrero y como una advertencia para todo el liderazgo político y a los hacedores de opinión pública”, dijo Rodríguez.
Mientras que el jurista Carlos Balcárcel considera que las personas deben reflexionar antes de hacer acusaciones en contra de figuras públicas y analizar las pruebas que se tienen.
Sin embargo, aclaró que los procesos por difamación e injuria son de acción privada y eso supone que las partes conservan la prerrogativa de que en el momento que lo consideren, no importa la fase en que está el caso, las partes pueden llegar a un acuerdo.
Nassef Perdomo también argumentó en ese sentido. Dijo que “la posibilidad conciliar nunca se cierra, en especial en los delitos de prensa o difamación e injuria”.
Esta semana Wilton Guerrero expresó que “sus declaraciones fueron ofrecidas al calor de una álgida campaña electoral”.
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