CARACAS. El Gobierno y la oposición de Venezuela sostendrán esta semana una nueva ronda de conversaciones enmarcadas en un proceso de negociación política que transcurrirá mientras en el país va tomando forma la campaña para las elecciones de alcaldes que se celebrarán el 10 de diciembre.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acudirá al diálogo, que inicia el 1 y 2 de diciembre en República Dominicana, con una delegación presidida por el jefe del Parlamento, Julio Borges, y en la que estarán representados sectores económicos y de la sociedad civil.
Así lo anunciaron ayer la MUD y quienes serán miembros de esta delegación ampliada en una rueda de prensa en Caracas, en la que
Borges reafirmó que la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos y un cambio en la composición del Consejo Electoral serán los temas centrales del diálogo.
La liberación de los encarcelados que la oposición y organismos internacionales consideran “presos políticos”, y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento desde que pasara a manos de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 son otras de las demandas.
“La delegación de demócratas venezolana se ha ampliado para incluir en la misma a técnicos representativos de los sectores laborales, obreros, productivos, académicos y de organizaciones de derechos humanos”, dijo el expresidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig, uno de los que acompañará a Santo Domingo a la MUD.
“La lucha por alcanzar estos objetivos no puede ser únicamente de factores políticos”, dijo el empresario, junto al que participarán en estas conversaciones supervisadas por los cancilleres del país anfitrión, México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua economistas, intelectuales, sindicalistas y otros miembros de la sociedad civil.
La delegación estará compuesta por una decena de personas y estará encabezada por Borges y los también diputados Enrique Márquez, Luis Florido, Timoteo Zambrano y Luis Aquiles Moreno, entre otros, que representa a los cuatro partidos más importantes de la MUD.
A este diálogo -al que se oponen líderes antichavistas como María Corina Machado o Antonio Ledezma, que lo consideran una estrategia del Gobierno- acuden los partidos con más diputados de la oposición venezolana con la esperanza de lograr garantías electorales de cara a los comicios presidenciales previstos para 2018.
La ONG venezolana Foro Penal, que defiende a la mayoría de los más de 300 “presos políticos” que hay en el país según sus cálculos, criticó la falta de “claridad de propósitos y objetivos” por parte de la oposición sobre estos casos ante el proceso de diálogo.
“Rechazamos que, en lo que se refiere a la situación de los presos políticos, perseguidos y exiliados no se conozcan aún los objetivos precisos, o las condiciones ni exigencias previas que han sido o serán planteadas”, reza un comunicado del Foro Penal difundido ayer por medios locales.
Por ese motivo, la organización no asistió a las consultas que una comisión especial del Parlamento mantiene con la sociedad civil, para recabar ideas y propuestas que presentar en la negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Entretanto, el rector electoral venezolano Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades que no es afín al chavismo, criticó ayer que el chavismo esté usando los medios del Estado, a través de cadenas obligatorias de radio y televisión, para transmitir la campaña de sus candidatos a los comicios municipales.
En declaraciones a los medios desde la sede del CNE de Caracas, Rondón mostró una serie de vídeos de las transmisiones de cadenas obligatorias de radio y televisión, en las que se observa a los candidatos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) haciendo campaña política.
No es la primera vez que el rector denuncia que el chavismo viola las normas electorales, pues para las elecciones de gobernadores del pasado 15 de octubre señaló que el canal del Estado VTV estaba realizando transmisiones que excedían, siempre a favor de los candidatos oficialistas, lo establecido por el CNE.
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