MADRID. Un juez del Tribunal Supremo español dictó ayer órdenes de cárcel eludibles con fianzas para la presidenta del Parlamento de la región de Cataluña y otros cuatro diputados que tramitaron la declaración de independencia ilegal aprobada en esa Cámara el pasado 27 de octubre.
En concreto, el juez Pablo Llarena fijó una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares) a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) para los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet y, a todos ellos excepto a Forcadell, les da una semana de plazo para abonarlas.
Forcadell ingresará esta noche en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco ya que, de momento, no ha podido reunir la fianza exigida y será trasladada a ese centro penitenciario, el único con módulo femenino de Madrid.
Para los cinco que declararon hoy ante el Supremo, Forcadell y los cuatro diputados, la Fiscalía había pedido cárcel por los delitos de rebelión y sedición, aunque en el caso de Ramona Barrufet señalaba que podía evitarla con una fianza.
Al sexto diputado compareciente ayer, Joan Josep Nuet, el juez le dejó en libertad, de acuerdo con el ministerio público, porque en la vista demostró que había votado en contra de la tramitación de la declaración independentista.
Los seis integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico catalán - que es su órgano rector - prestaron declaración ante el Supremo por su papel en la declaración de independencia aprobada a finales de octubre, que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.
En el interrogatorio, Forcadell y sus cuatro compañeros a los que se ha dictado prisión con fianza atribuyeron a la Declaración de Independencia del 27 de octubre un valor simbólico, pero no jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas del Gobierno central para restablecer la legalidad constitucional.
En el auto en el que ha fijado sus medidas cautelares, el juez del Supremo expone que, en sus declaraciones de hoy, no es que los querellados hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que “o bien renuncian a actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.
El magistrado atribuye a Forcadell una “actuación principal” en el proceso independentista, tanto “por su intervención medular” en él como “por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido”.
El pasado 27 de octubre, horas más tarde del acto en el Parlamento catalán que concluyó con la Declaración de Independencia, el Gobierno español decretó en atribución del artículo 155 de la Constitución, el cese del Gabinete regional catalán, la disolución de su Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, todo para recuperar la legalidad.
Nueve miembros del Gobierno catalán, que comparecieron la semana pasada en la Audiencia Nacional acusados de los mismos delitos, fueron encarcelados y sólo uno de ellos abandonó la cárcel al día siguiente tras abonar una fianza, opción que la jueza no concedió al resto.
Esa magistrada, Carmen Lamela, rechazó hoy poner en libertad a esos ocho integrantes del cesado Gabinete, con el argumento de que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de pruebas, según fuentes jurídicas.
Mientras tanto, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro miembros de su cesado Gabinete, siguen en Bruselas, adonde se trasladaron hace unos días, a la espera de que la semana próxima tenga lugar en una Corte belga una audiencia de extradición solicitada por la Justicia española.
Según fuentes jurídicas, en su última declaración de hoy ante el juez, tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía, Forcadell y sus cuatro compañeros para los que se pedía cárcel rechazaron la vía unilateral que hasta ahora han seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
La suerte judicial de los exmiembros del Gobierno regional y de estos parlamentarios es el principal tema de interés informativo en España, dada la tensión política, económica y social que ha generado el contencioso entre las autoridades catalanas y el Estado.
A principios de diciembre empezará la campaña para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, que darán paso a una nueva Cámara regional y a un Ejecutivo catalán.
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