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anto Domingo, 30 jun (EFE).- La comisión designada para investigar la licitación de la termoeléctrica que Odebrecht levanta en Punta Catalina determinó que el proceso se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio está en un rango “razonable”, pero recomienda modificar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Al presentar el informe elaborado a lo largo de seis meses, el consultor Jaime Aristy Escuder afirmó que “la comisión no dispone de pruebas que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista que resultó ganador” frente a los otros aspirantes a ejecutar la planta de carbón en Punta Catalina.
Aún así, reconoce que existieron “condicionantes que privaron al país de obtener un mejor resultado”, y señala que se incumplió el artículo 36 de la Ley de Compras y Contrataciones, norma que recomienda modificar porque “pone en desventaja al Estado en su capacidad de mejores condiciones y precios” frente a empresas privadas.
Precio “dentro de un rango razonable”
En cuanto al precio de la oferta y para determinar si fue razonable, la comisión complementó su trabajo con una auditoría externa encargada a la firma estadounidense FTI Consulting, que comparó la cuantía del proyecto de la planta con el precio de otras infraestructuras similares desarrolladas en América.
El análisis determina que la propuesta económica del contratista está dentro de un rango “razonable”, siendo un 6 por ciento inferior a los precios medios internacionales para la ejecución de obras similares, según el informe de la consultora.
Recomienda no se admitan ajustes
En cuanto al retraso de la obra, la comisión plantea que se determine el motivo para proceder en consecuencia, y recomienda que no se admitan ajustes de precio al alza con respecto a los 1.945 millones de dólares establecidos en el contrato.
En este sentido, al comité no le convencen las justificaciones manifestadas por la empresa contratista y por la Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatales (Cdeee) que achacan el retraso al supuesto incumplimiento del cronograma de pagos por parte del Estado.
El informe también señala que sus investigaciones son independientes de las que lleve a cabo la Procuraduría General de la República y conmina al Ministerio Público a fijar su atención en el tema del atraso en los trabajos y en los montos pagados por ello.
Informe a disposición de todo el mundo
Antes de la lectura del documento, basado en el análisis de miles de páginas y decenas de entrevistas, monseñor Agripino Núñez Collado, parte de la comisión, afirmó que “estará a disposición de todo el que lo quiera consultar”.
El presidente dominicano, Danilo Medina, designó en enero pasado esta comisión para investigar el proceso de licitación de los trabajos de la planta de carbón que Odebrecht levanta en Punta Catalina desde 2013, y que empezará a funcionar el próximo año, según las previsiones.
La planta ha sido criticada por sectores políticos y grupos que defienden el medio ambiente que aseguran que la misma afectará al ecosistema y a la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de la comunidades cercanas a Punta Catalina y a la ciudad de Baní.
Las críticas también censuraban a la elección, tras un proceso de licitación, de FTI Consulting como encargada de la investigación, dado que la compañía trabajó desde 2011 hasta 2016 al servicio de Odebretch en materia de comunicación estratégica y asistencia técnica en litigios, tanto en Colombia como en Brasil.
La constructora brasileña es objeto de investigación en la República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.
Por el caso Odebrecht, que ha golpeado a los dos principales partidos políticos locales, el juez de la Suprema Corte de Justicia (SJC) Francisco Ortega Polanco dictó medidas de coerción en contra de 13 de los 14 imputados por este caso, y envió a la cárcel a 8 de los acusados.
El sustituido ministro de Industria y Comercio Temísctocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, están entre los encausados, que ya han recurrido la medida de prisión preventiva que les fue impuesta. EFE
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