La Procuraduría General de la República solicitó 18 meses de prisión preventiva en contra de 14 implicados en el caso Odebrecht, incluyendo tres legisladores y un funcionario, así como la declaratoria de caso complejo.
La medida de coerción será depositada por ante el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, en contra de Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández y Temístocles Montás.
También Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa, quienes se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Mientras que en el caso de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín y Tommy Galán, y el diputado Alfredo Pacheco, este último vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministerio público solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que respondan por los hechos que se les imputan.
En tanto que en torno al imputado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá, la Procuraduría solicitó su captura a la Policía Internacional (Interpol).
Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Procuraduría General de la República explicó que Rafael Genaro Suero Miliano, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (Egehid), no figura en los documentos facilitados por la constructora Odebrecht y el ministerio público de Brasil. Su nombre salió a relucir dentro de las 14 personas contra quienes el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia dictó órdenes de arrestos.
Sin embargo, el Procurador sostiene que a partir de ahora está en manos de los jueces aceptar o rechazar la solicitud del ministerio público.
Dijo que solicitará a la Suprema Corte de Justicia la declaración de complejidad judicial, lo que a su juicio permitiría al ministerio público tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones.
El Procurador dijo que no descarta que de esa investigación puedan derivar otros delitos o imputados, tras reiterar el compromiso de poner toda la información de este caso a disposición de cualquier ciudadano tan pronto como las circunstancias lo permitan.
Sostuvo que perseguirán hasta las últimas consecuencias que se condene a los culpables y que el pueblo dominicano pueda, de una vez por todas, ver saciada su sed de justicia.
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