SD. El desplome del flujo vehicular de la carretera Juan Pablo II, que une los destinos de Santo Domingo y Samaná, continúa sangrando al Estado, que en los últimos seis años ha debido pagar un subsidio de RD$13,517.4 millones.
Las bajas operaciones han obligado al pago de un “peaje sombra” a la concesionaria Autopistas del Nordeste, que tan sólo en este 2017 ronda los RD$2,731.5 millones.
Las partidas son contempladas en la Ley de Presupuesto General del Estado, que en el 2012 destinó un monto de RD$1,838.2 millones; en 2013 fueron RD$1,339.2 millones; en el 2014 unos RD$2,272.1 millones; en el 2015 el pago fue de RD$2,500 millones y en el 2016 se dispusieron RD$2,836.4 millones.
Las partidas se destinan en cumplimiento al contrato arribado el 18 de julio del 2001 entre el Estado dominicano y la empresa constructora Autopista del Nordeste, en lo referente al Ingreso Mínimo Garantizado que se aplica para cubrir el déficit que deja a la empresa la baja circulación de vehículos. La firma se llevó a cabo por el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Luis Fernando Jaramillo Correa, presidente del Consejo de Administración de Autopistas del Nordeste.
Aunque la rúbrica se llevó a cabo en el 2001, el gobierno había entregado la carretera a concesión durante la primera gestión de Leonel Fernández, en 1998 con un costo inicial de US$125 millones. La obra fue paralizada en el último año del mandato de Hipólito Mejía, y fue retomada en abril del 2005 por Fernández.
La vía, que recorre 106 kilómetros desde la autopista Las Américas hasta la carretera que va a Samaná, fue inaugurada oficialmente el 12 de diciembre del 2008, en la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aunque desde el primero de junio de ese mismo año había sido abierta al público.
La baja rentabilidad que registra la vía tira por el suelo un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2005 que atribuía una alta tasa de rendimiento social a la obra y basado en esos datos otorgó una garantía para cubrir el 51% del valor de la infraestructura.
El valor del proyecto fue establecido contractualmente en US$154.4 millones en septiembre del 2003: el 20% sería aportado por el Estado, otro 20% suplido por el concesionario y el 60% obtenido mediante colocaciones de títulos.
En el 2005, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), entidad afiliada al Banco Mundial, aseguró la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná por un monto de US$251 millones.
El financiamiento del proyecto se realizó por medio de la emisión de bonos privados en el Mercado de Capitales Internacional a un plazo de 20 años y a una tasa de interés de 9.36%.
La segunda etapa de la carretera estuvo a cargo de la compañía Boulevard Turístico del Atlántico, a la cual la empresa Autopista del Nordeste cedió y subrogó para la realización de la red vial Nagua-Samaná.
Para el arquitecto y urbanista Pedro Mena, la construcción no tiene ningún sentido y su inversión es “un dinero perdido”.
Explicó que la obra fue promovida como un atractivo turístico, sin tomarse en cuenta que el desarrollo turístico se logra con el turismo externo y no con el desplazamiento esporádico de los dominicanos.
“Qué sentido tiene hacer una carretera para que un turista llegue por el aeropuerto de Las Américas y tome dos horas de carretera, teniendo un aeropuerto en Samaná”, aseveró. Precisó que la obra está atada a un contrato donde los inversionistas protegen sus intereses, y mientras menos tránsito tiene más deberá pagarse.
La carretera se inicia en el kilómetro 20 de la autopista Las Américas, atraviesa las llanuras de Bayaguana y Monte Plata, cruza las formaciones montañosas al Suroeste de Los Haitises, pasa por la cuenca del Bajo Yuna, hasta empalmar con la carretera existente que va hasta Samaná, en el tramo Nagua - Sánchez. Según las estimaciones, por la vía anualmente están circulando menos de 800 mil vehículos, con un promedio diario de 2 mil vehículos.
¿En revisión?
El 15 de marzo del 2013, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que el gobierno estaba analizando mejorar o renegociar el contrato firmado entre el Estado y la empresa de capital colombiano Autopista del Nordeste que construyó la carretera Juan Pablo II Santo Domingo-Samaná y que administra los peajes de la vía.
Dos años después, el 23 de febrero del 2015, el funcionario volvió a referirse al tema, y se mostró a favor de que se renegocien los contratos contraídos por el Estado que no estén dejando beneficios, incluso el de la Autovía del Nordeste, que comunica a Santo Domingo con Samaná.
Ya para julio de ese mismo año, dio la primicia de que el Gobierno había comenzado a revisar el contrato, con miras a que esa vía pase a ser manejada por las autoridades gubernamentales. Sin embargo, a la fecha se desconocen los resultados de esa revisión y se mantiene el pago de subsidio a los concesionarios de la vía.
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