Venezuela anunció ayer que activará el proceso para salir de la OEA en respuesta a la decisión que tomaron 19 países de la organización para convocar a un encuentro de cancilleres y debatir la crisis del país suramericano.
En una transmisión desde el palacio presidencial, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que Caracas presentará la carta de denuncia de la OEA a partir del jueves e iniciará un proceso que tardará 24 meses para salir de la organización.
El artículo 143 de la Carta de la OEA estipula que cualquier Estado miembro podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse y que transcurridos dos años el Estado quedará desligado después de haber cumplido con sus obligaciones.
Caracas adeuda actualmente 10,5 millones de dólares, ya que desde hace varios años no cotiza su cuota anual de 1,8 millones de dólares.
Al rechazar la decisión de Consejo Permanente, Rodríguez afirmó que lo que se pretender es “intervenir” y “tutelar” a Venezuela y sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no aceptará esas acciones.
Asimismo, la canciller indicó que a partir de ahora Venezuela no participará en ninguna actividad de la organización en la se pretenda posicionar el “intervencionismo” y el “injerencismo” de las naciones que, sostuvo, buscan “perturbar la estabilidad y la paz” de su país.
La decisión de Venezuela de salir de la OEA, a la que ingresó en 1948 como miembro fundador, se da el mismo día de una nueva jornada de protestas en Caracas y en un contexto creciente tensión política que por las manifestaciones ha dejado 29 muertos y más de 437 heridos. Maduro ha rechazado las acciones de sus adversarios, a los que ha acusado de promover acciones violentas para dar un golpe de Estado.
Minutos antes, cuando el Consejo Permanente de la OEA anunció su decisión de convocar a la reunión, no se especificó fecha ni lugar.
Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dijo antes de la votación que este encuentro no forma parte del procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.
El viceministro venezolano para América del Norte Samuel Moncada no aportó detalles sobre la posible salida de la OEA y rechazó la resolución alegando que representa una intromisión en asuntos internos. “Ayuda forzada no es ayuda, es imposición”, dijo.
Moncada dijo que su gobierno ha pedido que los cancilleres se reúnan en cambio el 2 de mayo en El Salvador en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), alegando que representa un foro sin las presiones de Estados Unidos.
Sin embargo, la canciller argentina Susana Malcorra defendió a la OEA como el lugar idóneo. “¿Por qué algo de suma gravedad en el CELAC no lo sería en la OEA”, se preguntó. “Esto no es intromisión en asuntos internos. Es nuestra responsabilidad colectiva”.
El miércoles temprano, miles de manifestantes salieron a marchar por Caracas y poco después de que los opositores tomaran la autopista principal, centenares de policías y guardias nacionales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma para bloquearles el paso.
En medio de la represión resultó herido el manifestante Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, quien falleció a consecuencia de un golpe que recibió por una bomba lacrimógena, anunció el dirigente opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el gobernador oficialista del estado suroccidental del Táchira, José Vielma Mora, dijo a la televisora local que el trabajador Efrain Sierra, de 28 años, murió la víspera por disparo de arma de fuego en el estómago. Sierra recibió el tiro en medio de una manifestación en ese municipio, con lo que se elevaron a 29 los fallecidos en las protestas que sacuden al país sudamericano.
“Se equivoca Nicolás Maduro si piensa que a punta de represión va a frenar al pueblo”, dijo la noche del miércoles el presidente del Congreso, Julio Borges, al acusar al gobierno y los cuerpos de seguridad de utilizar la “fuerza bruta” y la “violencia” para reprimir las manifestaciones opositoras.
Borges ratificó que la oposición se mantendrá en las calles para enfrentar el “golpe de Estado” que aseguró que dio Maduro con las decisiones que emitió el mes pasado el Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso.
La tensión política ha desatado una espiral de violencia que ha dejado más de 1.000 detenidos de los cuales 65 permanecen bajo arresto y otros 217 serán presentados ante los tribunales.
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