NUEVA YORK. La dominicana Yahaira Burgos, quien trabaja como portera en un edificio de Manhattan, está viviendo una pesadilla por la detención de su esposo, el electricista colombiano Juan Vivarez Mazo, a quien se le rechazó una solicitud de asilo político y fue detenido por la Policía de Inmigración y Fronteras (ICE) y puesto en proceso de deportación.
Vivares, quien estaba casi en la puerta del avión que lo llevaría de vuelta a Colombia, como repatriado, no tiene antecedentes penales, pero gracias a las órdenes ejecutivas de Donald Trump la repatriación iba a ser ipso facto, salvándose temporalmente de esa situación, al ser liberado ayer lunes de la base de la ICE en Luisiana, desde donde se deportan todos los inmigrantes que son expulsados.
La dominicana, que conoció a Vivares en 2014 y tiene un hijo con él, es miembro del sindicato BJ -32, que se movilizó, buscó abogados y logró que Vivares fuera liberado temporalmente, hasta que un juez federal revise su caso.
Ella y el hijo de la pareja son ciudadanos americanos y dijo que su esposo es la única ayuda que tiene, por lo fuerte de su horario de trabajo, para ayudarla en el cuidado del hijo.
Dirigentes políticos, funcionarios electos y activistas comunitarios, se movilizaron frente al edificio federal donde opera inmigración y en el que Vivares fue arrestado la semana pasada y enviado sin dilación a Luisiana para su deportación.
Después de una campaña encabezada por el sindicato y otras organizaciones, la ICE se vio obligada a liberarlo por orden de un juez federal.
Ella sostiene que también está en medio de una crisis familiar, y aunque recibió ayer lunes la noticia de su esposo estaba de regreso a casa desde Luisiana, entre sollozos y alegría, el futuro del colombiano es incierto, aunque espera que el juez que revisará el caso se compadecerá de ella y su hijo.
La situación de Vivares, se complicó cuando inmigración le negó su petición de asilo político.
Y a pesar de que su esposa y su hijo son ciudadanos estadounidenses, sus opciones son bastante limitadas.
“Hay varias cosas que podemos hacer. La verdad es que necesito hablar con Juan antes de tomar una decisión, porque algunas de ellas requiere que el pase más tiempo en detención”, dijo la abogada especialista en inmigración Rebecca Press.
“Es un ataque realmente vicioso y maligno en contra de los trabajadores. Trabajadores de limpieza, de seguridad y porteros como Yahaira”, dijo Héctor Figueroa, líder de la filial del sindicato en Nueva York.
“Es una política racista. Lo que quieren hacer es sacar a la gente de color de esta nación”, aseguró la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark Viverito, quien se unió a la protesta.
“Tenemos una petición. Es una persona clean (limpia). Supuestamente eso le iba a pasar a las personas que tienen récord criminal, este no es el caso. No es el caso. Injustificada su respuesta”, añadió la esposa.
Los especialistas dicen que el caso de Vivares es inusual, porque es el tipo de inmigrante que habría sido previamente una prioridad baja para ser deportado por la administración del ex presidente Barack Obama.
La abogada Press, del Centro de Asistencia Legal de América Central, dijo que Vivares cruzó ilegalmente la frontera con México en 2011. Fue detenido y solicitó asilo, citando la situación política de violenta en Colombia. Posteriormente fue puesto en libertad y se le dio documentos de trabajo a la espera de que un tribunal de inmigración revisara su caso de asilo.
Vivares vive en El Bronx con Burgos y ella recuerda que se conocieron en 2014, mientras él hacía trabajos de electricidad en una lavandería. Se casaron en 2016 y el niño tiene 14 meses de edad. En noviembre, Vivares perdió su apelación final de asilo.
Press dijo que Vivares tampoco debió haber sido detenido porque su esposa es una ciudadana americana y que esté solicitando su residencia. Ese caso sigue abierto.
Sin embargo, el envío de Vivares a Texas sin consultar a su abogado o su esposa parece violar normas de la agencia.
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