GINEBRA.- Un grupo de expertos de las Naciones Unidas instó hoy a los parlamentarios guatemaltecos a que mantengan el consenso alcanzado para la reforma de la justicia y que se preserven los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.
En abril de 2016 los tres poderes del Estado lanzaron en Guatemala un diálogo social para la reforma de la Justicia que contó con la participación de todos los sectores de la sociedad (más de 1.500 participantes), incluida una gran representación indígena.
El reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas, la creación de la carrera profesional y el fortalecimiento de la transparencia y la meritocracia son los ejes sobre los que gira la reforma.
La reforma, entre otras cosas, busca mejorar el acceso a la Justicia, especialmente para mujeres e indígenas; que se mejore la independencia del sistema; y evitar que los jueces sean elegidos por los políticos.
Si bien hubo consenso al final del diálogo, durante el proceso parlamentario algunos diputados intentaron introducir algunas enmiendas en sentido contrario a lo pactado, según la denuncia de los relatores.
"Exhortamos al Congreso de la República a preservar el objetivo y espíritu original de la reforma constitucional y a no menoscabar su integralidad y el carácter participativo e inclusivo del proceso que contó con los aportes de diversos sectores de la población", señalaron los expertos en un comunicado.
La relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alentó a los diputados "a asegurar que la disposición relativa a la jurisdicción indígena no tenga ningún efecto perjudicial sobre los pueblos indígenas".
"La resolución que se apruebe debe proteger, en vez limitar o reducir, los derechos de los pueblos indígenas, a mantener y fortalecer su sistema de justicia", enfatizó Tauli-Corpuz.
Algunas enmiendas presentadas abogan por limitar la competencia de la jurisdicción indígena, o hacerla voluntaria en lugar de obligatoria.
Otras enmiendas presentadas eliminan el principio de la igualdad de género o el del respeto al pluriculturalismo.
El comunicado insiste en que "la reforma debe asegurar, dentro de las garantías y principios del sistema de administración de justicia, el respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género en el acceso al sistema de justicia y a las carreras profesionales, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos".
"Guatemala tiene la obligación de exponer y eliminar las barreras sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que impiden a las mujeres ejercer y reivindicar sus derechos, y dificultan su acceso a recursos eficaces", subrayó Alda Facio, actual presidente del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
El relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, afirmó que "la reforma debe contribuir a garantizar constitucionalmente la carrera profesional y establecer mecanismos de selección de funcionarios del sistema de justicia que eliminen el riesgo de politización y conflicto de intereses".
La exhortación de los expertos a los legisladores guatemaltecos cuenta también con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere.
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