SANTO DOMINGO. El nombre de Ángel Rondón aparecía esporádicamente en la prensa, ya sea en alguna historia del área empresarial, turística o en casos judiciales, como el desfalco al Estado conocido como Plan Renove. Está dentro de la extensa base de datos de los llamados papeles de Panamá y desde la semana pasada ha tomado más notoriedad al ser identificado por la Procuraduría como la persona que recibió los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió que pagó para ser favorecida con contratos de obras públicas en la República Dominicana.
Según una historia publicada el pasado 10 de enero en el periódico digital 7días.com.do, Rondón “por mucho tiempo habría conseguido en el Congreso la aprobación de distintos proyectos a través del empleo de sobornos”, conforme afirmó una fuente.
El pasado 11 de enero, Rondón fue sometido a un interrogatorio en la Procuraduría que duró más de 13 horas. Al día siguiente, el procurador Jean Rodríguez dijo que el empresario confirmó que es la persona que recibió los US$92 millones de Odebrecht, pero que los atribuyó a “servicios” en un contrato de “representación comercial”.
Días antes, el procurador dijo que el gerente local de la constructora Odebrecht, Marcelo Hofke, fue quien identificó a Rondón durante un interrogatorio al que también fue sometido, algo que luego negó el abogado del ejecutivo.
7días.com.do destaca que el nombre del empresario también salió a relucir en fraudes como los del Plan Renove (de más de RD$1,800 millones) y del Baninter, en los que se le atribuye encarnar alrededor de los congresistas la figura de “el hombre del maletín”.
El periódico detalla que Sam Goodson, quien suscribió con la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) un contrato de venta de vehículos marca Hundai por US$40.8 millones, firmó –el 21 de mayo de 2001– un acuerdo notariado con Rondón Rijo en el que se comprometió a pagar al comerciante US$995,000 con el compromiso de que convenciera a los congresistas de la aprobación del citado contrato con el Estado.
Agrega que el “acto de declaración y reconocimiento de honorarios” obligaba a Goodson, “un estadounidense de origen israelí que se fugó del país”, a pagar a Rondón Rijo US$58,000 cuando el contrato de financiamiento se aprobara en el Senado; US$600,000 cuando pasara por la Cámara de Diputados y los últimos US$337,000, “en un plazo no mayor de 15 días, luego de ser sancionado por ambas cámaras”, tal y como lo documentaron las autoridades.
La publicación también destaca que el movimiento cívico Ciudadanos contra la Corrupción (C3) y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) denunciaron supuestas irregularidades en contratos millonarios que favorecen a Rondón Rijo firmados por el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Frank Rodríguez.
Asimismo, en un reportaje publicado en julio de 2014, 7días.com.do indica que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mantiene desde el año 2000 su cartera de cobro a cargo de AAA Dominicana, “una empresa que fundara el actual director de la dependencia estatal, arquitecto Alejandro Montás Rondón, junto al español residente en Colombia Francisco Javier Vilaplana y al dominicano Ángel Rondón Rijo”.
Desde el 2002 hasta abril de 2014 la empresa “se benefició con más de 2,549.8 millones de pesos en su relación comercial con la CAASD”.
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