SANTO DOMINGO. Con el decreto 327-13, que otorgaba un plazo de 18 meses para que los extranjeros ilegales regularizaran su status en el país, y con la Ley 169-14 sobre Naturalización, el presidente Danilo Medina hizo frente al conflicto que trajo consigo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, referente a la nacionalidad.
El plazo para la regularización venció en agosto pasado, pese a las demandas de prórroga y a las voces de los adversos al proceso.
Los cuestionamientos, nacionales e internacionales, obligaron al Gobierno a elaborar una ofensiva de defensa que puso a prueba las capacidades del cuerpo diplomático, en especial, las del canciller, el arquitecto Andrés Navarro, designado en el puesto en septiembre del 2014, y quien saltó a la diplomacia desde el sector de la construcción, donde se había desempeñado hasta entonces.
El cuerpo diplomático nacional debió demostrar su funcionabilidad para defender al país ante aquellos que calificaron su política migratoria de discriminatoria y violatoria de los derechos humanos.
Entre los que se pronunciaron en contra estuvo la Comunidad del Caribe, que en junio pasado llamó al Gobierno a no deportar a “dominicanos” de ascendencia haitiana; el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y organismos como Amnistía Internacional, Human Rights, que rindieron informes señalando supuestos casos de apatridia.
La Organización de Estados Americanos (OEA) sirvió de arbitro entre Haití y República Dominicana cuando el vecino país llevó su queja a ese organismo.
La OEA envió una misión para indagar sobre el plan, y rindió un informe en que, sin acusar ni defender a nadie, pedía buscar una salida a la crisis suscitada, pero ya su secretario general, Luis Almagro, había sido blanco de cuestionamientos oficiales y ciudadanos por unas declaraciones que, alegó, fueron mal interpretadas.
La defensa
El propio presidente Medina inspiró a sus diplomáticos cuando defendió el derecho del país a aplicar sus leyes migratorias durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Guatemala, y en una reunión de las Naciones Unidas, en Panamá. Navarro hizo igual ante la OEA y en el país, donde tuvo que pronunciarse frente Haití y defender el apego a los derechos humanos del Plan. Iguales explicaciones dieron algunas representaciones diplomáticas dominicanas en los países asignados.
El Congreso Nacional designó una comisión para salir por los países con la misma posición, aunque todavía no se conoce ninguna visita realizada.
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