BERLÍN, 18 ago (EFE).- La organización
anticorrupción Transparencia Internacional (TI) anunció hoy que
investigará posibles réplicas del escándalo en la petrolera brasileña
Petrobras en siete países de América Latina: Argentina, Chile,
Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En un comunicado, TI indica que las
investigaciones en curso en Brasil han “evidenciado” los vínculos entre
grandes empresas constructoras y el poder político, lo que plantea la
posibilidad de “réplicas” de ese modelo de negocios en otros países de
la región.
La justicia brasileña ha abierto investigaciones
contra unos cincuenta políticos y otros tantos empresarios sospechosos
de sobrevalorar contratos entre constructoras y la petrolera y desviar
los recursos para beneficios de políticos.
Este asunto ha salpicado al Gobierno de la
presidenta Dilma Rousseff, en sus niveles más bajos de popularidad e
inmersa en protestas multitudinarias, como las convocadas el pasado
domingo en más de 200 ciudades del país, con unos 900.000 participantes.
TI cita como ejemplo el caso de Venezuela y señala
que cuatro de las empresas investigadas en Brasil recibieron más de 30
contratos gubernamentales en el país en los últimos años, lo que, según
las investigaciones de la organización, apunta a una contabilidad opaca y
una posible injerencia política.
Las secciones nacionales de esta ONG -fundada en
Berlín y con sede en la capital alemana- en Argentina, Chile, Guatemala,
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela han requerido
información a sus respectivos gobiernos acerca de contratos otorgados a
esas empresas.
El ámbito a investigar va desde sistema de
transporte a infraestructuras de servicios básicos, prosigue la
organización, que hace hincapié en el “derecho del ciudadano” a conocer
el desarrollo de estas obras.
TI argumenta, asimismo, que el escándalo en torno a
Petrobras es de los mayores registrados hasta ahora en la región, tanto
por las sumas involucradas en el caso como por el descrédito hacia el
sector político que ha causado en la sociedad brasileña.
La investigación se basa en una simple reclamación
de “rendición de cuentas”, apunta el director regional para las
Américas de la organización, Alejandro Salas, quien recuerda que los
siete países mencionados han ratificado la Convención de la ONU contra
la Corrupción.
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