Santo Domingo.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Deibi Timoteo Peguero, decidió mantener las medidas de coerción consistentes en prisión preventiva contra los imputados del caso Senasa, al considerar que no se han presentado elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que los presupuestos que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva continúan vigentes, por lo que el Ministerio Público seguirá adelante con el proceso de investigación.
- De su lado, el abogado Miguel Valerio explicó que la defensa no depositó nuevos documentos ni pruebas en esta fase del proceso, calificando esa decisión como una estrategia legal.
“Entendíamos que era un ejercicio sin ningún sentido”, afirmó, al tiempo que indicó que será en su momento procesal oportuno cuando presentarán los elementos probatorios para responder a las acusaciones.
Valerio también señaló que, en el caso particular de Santiago Hazim, no se aportaron nuevos argumentos debido a que preveían que la decisión judicial no variaría.
“Evidentemente ustedes vieron el resultado”, expresó.
Asimismo, el jurista reiteró su postura crítica sobre el uso de la prisión preventiva en el país. “En este país lamentablemente la prisión preventiva sigue siendo la norma”, sostuvo, insistiendo en que esta medida debería ser la excepción y no la regla dentro del sistema judicial.
El abogado dejó claro que la defensa esperará el momento procesal correspondiente para presentar todas las pruebas que consideren pertinentes, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso.
Antecedentes del caso (cronología)
Tiene su origen en una serie de investigaciones iniciadas en 2025 tras detectarse presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
A continuación, una reconstrucción cronológica con los principales hitos del proceso:
Agosto de 2025: destitución de Santiago Hazim
En medio de los primeros señalamientos, Santiago Hazim, quien se desempeñaba como director de Senasa desde 2020, es destituido el 13 de agosto de 2025, tras denuncias de irregularidades administrativas en la institución.
Septiembre de 2025: inicio formal de la investigación
El caso toma carácter formal cuando salen a la luz pública los resultados de indagatorias que apuntaban a posibles actos de corrupción dentro de la entidad. Posteriormente, el Poder Ejecutivo remite los hallazgos al Ministerio Público, dando paso a una investigación penal.
Segundo semestre de 2025: desarrollo de las pesquisas
Las autoridades profundizan en las investigaciones, identificando un presunto entramado de corrupción que habría operado mediante fraude administrativo, falsificación de documentos y manejo irregular de fondos públicos, con pérdidas millonarias para el Estado dominicano.
Diciembre de 2025: Operación Cobra y arrestos
El Ministerio Público ejecuta la denominada Operación Cobra, que incluyó múltiples allanamientos y la detención de varios implicados, incluyendo a Hazim y otros funcionarios y colaboradores vinculados al caso.
13 de diciembre de 2025: solicitud de medidas de coerción
Tras los arrestos, el órgano acusador solicita la imposición de prisión preventiva contra los principales imputados, alegando la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción del proceso.
14 de diciembre de 2025: imposición de prisión preventiva
Un tribunal acoge la solicitud y dicta 18 meses de prisión preventiva contra varios de los imputados, además de declarar el proceso como complejo. A otros implicados se les imponen medidas menos severas, como prisión domiciliaria y garantías económicas.
Diciembre de 2025 – 2026: evolución del proceso judicial
Durante esta etapa, el proceso entra en fase de instrucción, con presentación de recursos por parte de la defensa y revisiones periódicas de las medidas de coerción. El Ministerio Público continúa ampliando la investigación, mientras la defensa insiste en que presentará sus pruebas en el momento procesal oportuno.
El expediente involucra acusaciones de corrupción administrativa, soborno, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y lavado de activos, en un esquema que habría impactado significativamente una de las principales instituciones de salud del país.
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