Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 396-25, con el cual se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, según informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
El reglamento fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y se sometió a vista pública antes de su aprobación. Posteriormente, fue socializado y discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con la participación de diversas instituciones del gobierno y sectores sociales y empresariales.
Planificación estratégica a nivel municipal
Entre las disposiciones más relevantes del nuevo reglamento se encuentra la obligatoriedad de los gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial, con el fin de gestionar de manera más eficiente el uso del suelo. Esta normativa también obliga a las oficinas municipales de planeamiento urbano a emitir autorizaciones para el desarrollo de proyectos de infraestructura que sean compatibles con la naturaleza del suelo en cada municipio.
En el caso de las zonas con vocación turística, los proyectos requerirán tanto el permiso de uso de suelo del gobierno local como una certificación de no objeción del Ministerio de Turismo, lo que garantiza un enfoque coordinado entre las entidades públicas para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de las inversiones.
Rol de las instituciones rectoras
El reglamento también establece que el Ministerio de Hacienda y Economía será el órgano responsable de certificar los distritos municipales que cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo I del artículo 24 de la Ley núm. 368-22, para gestionar el uso del suelo en sus respectivas demarcaciones.
Tanto la ley como su reglamento buscan fomentar un desarrollo territorial integral y equilibrado, alineado con las potencialidades y aspiraciones de cada comunidad, garantizando así mejores condiciones para elevar la calidad de vida de la población.
Este paso representa una apuesta del gobierno de Luis Abinader por una planificación estratégica y una gestión participativa del territorio, orientada a fortalecer el ordenamiento urbano, la sostenibilidad y el crecimiento armónico de los municipios del país.
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