La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), establece en el expediente de medida de coerción, contra 15 involucradas en la “Operación Frontera”, las diversas características que poseía el grupo criminal para traficar con haitianos.
El primer punto que establecen es como la red se componía de miembros del Ejército Dominicano para traficar con indocumentados, indicando, además, que los imputados se aprovechaban de los puestos directivos en sindicatos de autobuses de la zona para transportar haitianos y “venderlos como mercancía”.
De acuerdo al expediente, los integrantes de la red cobraban “un monto que oscila entre cuatro mil quinientos (RD$4,500.00) y ocho mil (RD$8,000.00) pesos dominicanos” para introducir los haitianos al país.
Establecen que en una ocasión Osiris Rafael Estévez Fortuna, señalado como uno de los cabecillas de la red, recibió una llamada de un joven que le dice que le montó “19 haitianos a la Jeepeta runner, 17 míos y 2 tuyos, refiriéndose a un tal (el poli) quien activo la guagua con toda esa gente”.
Hablan de un vehículo que tenía problemas en la banda de frenos, por lo que el joven dice que “la gente van con Dios” y que iba a mandar un viaje de 14 haitianos, además que “Bobole le dijo que solo le dé 30,000 pesos y que lo otro se lo pague cuando bajen”.
Dice que se lo pagó a 4,000 pesos cada uno.
De acuerdo al expediente, el grupo llegó a traficar además con “cigarrillo”.
En referencia a los cinco miembros del Ejército Nacional, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier, establece que uno de ellos: Zabala Peña, es contactado por Julio César Sola quien le dice “patrón déjemelo pasar y que le diga cuanto es que se lo lleva más tarde, respondiendo el sargento mayor que eran RD$ 300.00, pesos por cada uno”.
Cuatro lugares para resguardar haitianos
Otro de los datos con que cuenta el expediente es como la red Frontera poseía en la comunidad de Copey, perteneciente a la provincia de Monte Cristi, cuatro “guarderías” que le permitían resguardar a los haitianos antes de distribuirlos por “Santiago, Moca y Santo Domingo”, además de “diferentes pueblos de la zona”.
La red que se valía de “un número indeterminado de motoristas” buscaba a los haitianos a la orilla del río Masacre y luego los llevaba a las guarderías.
“Lugar donde funciona una banca de lotería, construida en block, empañetada sin pintar y puerta enrollable y un pequeño colmado sin nombre visible, hecho en madera y techado en zinc pintado de color zapote, la cual cuenta con una extensión de la parte trasera, este lugar según informaciones de inteligencia, este lugar es utilizado para dar acogida a los nacionales haitianos antes de ser distribuidos en autobuses y otros medios de transporte a diferentes lugares de nuestro país”, dice el expediente.
Contra el grupo, el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso.
Además de los miembros del Ejército y Osiris Rafael Estévez Fortuna, los demás miembros de esta red son: Eddy Rafael Cordero Villanueva; Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.
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