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Efemérides

54Grado.com : Hoy es martes 4 de octubre del 2022. Faltan 88 días para el año 2023. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1844. Es apresado José Antonio Salcedo (Pepillo), prócer de la independencia y luego de la Restauración. 1863. El coronel en misión del gobierno, J. Epifanio Márquez San Juan, dirige una comunicación al comandante de armas de Neiba, ordenándole “recoger cuantos fusiles se encuentren útiles para armar la tropa”. 1878. Fallece en Madrid, España, el general Felipe Alfau y Bustamante, uno de los fundadores de la Trinitaria, quien fue acusado de haber traicionado al movimiento. 1937. El tirano Rafael Trujillo, luego de escuchar las quejas de sus representantes en Dajabón, sobre la presencia masiva de haitianos en la zona, ordena el llamado “Corte de Haitianos”, consistente en la eliminación de todo nacional del vecino país encontrado en suelo dominicano. 1971. La policía venezolana anuncia el rescate de la cónsul dominicana, Thelma Frías, denunciada como secuestrada cinco días antes, en un apartamento localizado en un barrio situado a unos 10 kilómetros de Caracas, propiedad de la pintora venezolana Ángela Zago de Bustillo, quien dos días antes se había marchado a México. 1987. Seguidores de Jacobo Majluta expulsan del PRD a José F. Peña Gómez y a Salvador Jorge Blanco 1992. Muere en Santo Domingo a los 75 años de edad la señora Emma Antonieta Balaguer de Vallejo, hermana y colaboradora cercana del Presidente Joaquín Balaguer. 1993. El Gobierno dominicano establece cuotas de visados en favor de ciudadanos cubanos que salgan de su país, “siempre que demuestren que sus familiares los mantendrán durante su estadía en la República Dominicana”. 2005. La Asociación de Bancos Comerciales pide desestimar el proyecto de impuestos a los intereses sobre los Depósitos de Ahorro de las Personas Físicas y exhorta al gobierno atacar la evasión del ITEBIS para aumentar sus ingresos. Internacionales: 1226. Muere San Francisco de Asís. 1492. El Almirante Cristóbal Colón consigna en su diario de navegación que a sus navíos llegaron “más de cuarenta pardelas (aves marinas) juntos y dos alcatraces. Al primero uno de los tripulantes dio una pedrada, viniendo a la nao un rabihorcado (un palmípedo de plumaje negro) y una blanca como gaviota”. 1476. Mediante el Tratado de Tudela, Fernando el Católico interviene en Navarra. 1582. Muere Santa Teresa de Ávila y se introduce el Calendario Gregoriano. Para compensar el desfase con el Juliano, el día siguiente fue el 15 de Octubre. 1824. Entra en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, tras el derrocamiento del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. 1830. Independencia de Bélgica. 1965. En Estados Unidos, el papa Paulo VI visita el país, celebra una misa en el estadio Yankee y pronuncia un discurso ante la ONU. 1966. Lesotho proclama su Independencia. 1984. En India, se producen más de 100 muertos y heridos, durante enfrentamientos religiosos 1987. En India, más de 100 muertos y heridos en enfrentamientos religiosos. 1993. En Rusia, el ejército bombardea el Parlamento (Duma). 2001. Un avión ruso, que viajaba de Israel a la ciudad rusa de Novosibirsk, explota y cae al Mar Negro. De inmediato el presidente ruso Vladimir Putin atribuye la tragedia a un atentado terrorista. 2013. Muere a la edad de 102 años el general vietnamita Vo Nguyen Giap, quien enfrentó a japoneses, franceses, estadounidenses, chinos y camboyanos que declararon la guerra a su país. 2014. Muere a la edad de 63 años de un paro cardíaco, el derrocado dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, cuyo régimen ocasionó un levantamiento que lo obligó a exiliarse 25 años. - Fallece en Buenos Aires, a la edad de 74 años a causa de una disfunción renal, la cantante folclórica argentina Haydee Sosa Miles. 2021. El presidente Joe Biden pide a los senadores republicanos, sin lograrlo, que se “aparten del camino” y permitan que los demócratas suspendan el límite de la deuda del país, con la esperanza de evitar que el gobierno federal se acerque peligrosamente a un incumplimiento crediticio. - Unos 7,000 millones de euros, es la suma desaparecida durante escasas horas, de la riqueza personal de Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de Meta, empresa que fundó originalmente con el nombre de Facebook, a raíz de la caída en todo el mundo de las aplicaciones Whatsapp, Facebook e Instagram. .

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lunes, 28 de febrero de 2022

Las Alianzas Público-Privadas, ¿cuándo sí y cuándo no?

AQUILES CALDERÓN

partir de la promulga­ción de la Ley 47-20 del 10 de fe­brero de 2020 se ha he­cho recurrente la remi­sión al instrumento de las alianzas público-privadas como el esquema prefe­rencial para el desarrollo de proyectos de inversión en obras de infraestruc­tura y servicios públicos; sin embargo, la referen­cia a esta noción ameri­ta ser precisada, pues no basta la sola coparticipa­ción del sector privado y el Estado para que un pro­yecto pueda ser calificado como una APP, ni tampoco esta estructura se encuentra indiscriminadamente justi­ficada para el desarrollo de cualquier tipo de empren­dimiento, dado que existen varios factores técnicos y materiales que condicionan su utilización.

Las alianzas con el sec­tor privado se promueven como una alternativa a las fórmulas tradicionales de contratación e inversión pública y como un instru­mento idóneo para la im­plementación de proyectos de infraestructura y de ges­tión de servicios colectivos que implican un alto grado de complejidad tecnológica e industrial o la disponibilidad de recursos y fuentes de fi­nanciamiento que desbordan la capacidad del presupuesto gubernamental, y cuya ejecu­ción requiere de un plazo de ejecución, o de maduración de la inversión, relativamen­te largo; con lo cual, además de que se amortigua la carga fiscal del Estado, también se contrarrestan la ancestral in­mediatez y la visión cortopla­cista con que se adoptan las políticas públicas en nuestros países. Ahora bien, cuando se trata de la ejecución de infra­estructuras o la prestación de servicios públicos que confor­me su naturaleza, costo y en­vergadura ordinariamente son asumidos por el Estado, deberán entonces mantener­se dentro del ámbito de res­ponsabilidad de la adminis­tración.

Desde los albores del de­sarrollo industrial se han en­sayado diversas fórmulas de integración del sector priva­do en la realización de inver­siones para la provisión de activos y servicios públicos; no obstante, la expansión de las alianzas público-privadas como un modelo sistema­tizado se inicia con el lanza­miento, en 1992, de la “Pri­vate Finance Initiative” (PFI) por parte del Gobierno britá­nico, habiéndose convertido en un referente mundial para cubrir las necesidades de re­novación de activos públicos y el fomento de mejores prác­ticas de gestión, mediante la incorporación de la experien­cia y la capacidad tecnológi­ca y gerencial del sector pri­vado.

En República Dominica­na, la conformación de Alian­zas Público-Privadas en­cuentra su base normativa fundamental en el artículo 50, numeral 3 de la Constitu­ción, el cual establece que “El Estado puede otorgar con­cesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explota­ción de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siem­pre la existencia de contra­prestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibro medioambien­tal.” Con la adopción de la figura de las APP se procura marcar distancia con respec­to al método tradicional de la concesión pura y simple. En el plano semántico y de la técnica jurídica, el término concesión nos remite a uno de los aspectos de la relación jurídica que se materializa en una Alianza Público-Privada consistente en el acto admi­nistrativo que se formaliza a través de un contrato y me­diante el cual se habilita a un particular para la ejecución de una obra de interés gene­ral o la gestión de un servicio público. La concesión cons­tituye pues, un componente intrínseco de toda APP, aun­que no la agota, toda vez que existen otros ingredientes técnicos, financieros, jurídi­cos y administrativos que for­man parte integral del proce­so de formación, ejecución y extinción de una APP, los cua­les están orientados funda­mentalmente a la determina­ción de la viabilidad y eficacia del proyecto y a la aplicación de los mecanismos apropia­dos para alcanzarlas. Estos elementos van más allá del simple traspaso de la gestión de un bien o servicio públi­co a favor de un empresario para que este lo asuma “a su propio riesgo y ventura” co­mo colaborador de la Admi­nistración.

Al mismo tiempo, el ins­trumento de las Alianzas Público-Privadas se empal­ma con la figura del fideico­miso a fin de aprovechar las características de este vehí­culo de propósito exclusivo, generador de un patrimonio autónomo, lo que permite entonces especializar deter­minados recursos para la ins­trumentalización de políticas públicas en asociación con el sector privado y de esta ma­nera facilitar la ejecución de obras consideradas priorita­rias para el Estado y la provi­sión de servicios colectivos de calidad, en un entorno com­petitivo y rentable.

No obstante, el solo he­cho de recurrir a la plata­forma de las Alianzas Públi­co-Privadas o a la figura del fideicomiso, como vehículo de administración, no garantizan la viabilidad ni el éxito de un determinado proyecto, lo que fundamentalmente depende­rá de la correcta estructuración de la operación. En todo caso, si bien los referentes positivos no deben conducir a una espe­cie de beatificación del esque­ma, los experimentos fallidos tampoco deberían servir para satanizarlo.

La experiencia acumu­lada demuestra que las alianzas público privadas enriquecen y justifican el tránsito de atribuciones y prerrogativas públicas a un agente privado, en la me­dida en que bajo este es­quema se establecen las condiciones objetivas, los elementos técnicos y las causales materiales que permitirían validar una de­cisión de esa naturaleza al exi­gir que el vínculo contractual se concretice en una relación de largo plazo, que genere va­lor por dinero, que contemple una acertada distribución de los riesgos entre ambas par­tes y que incluya un sistema de asignación de beneficios en que la rentabilidad esté supe­ditada a la calidad del desem­peño evidenciado en la gestión del proyecto.

 

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