Este martes vence el plazo para que los dos sentenciados a 8 y 5 años de prisión por el caso Odebrecht puedan apelar , así como subyuga el tiempo para el que Ministerio Público recura a la sentencia que descargó a cuatro de los seis procesados, acusados de recibir US$92 millones de sobornos de la constructora brasileña.
El consejo de defensa de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos condenados en el juicio, anunciaron que acudirán ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a recurrir la sentencia que los condena.
Los doctores José Miguel Minier, Emery Rodríguez, Fernán Ramos, Miguel Valerio, Ramón Núñez y Laura Rodríguez, acudirán ante el tribunal presidido por Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo para impugnar la sentencia, que consideran contradictoria.
Igualmente, representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguraron que depositarán su recurso de apelación, aunque no precisaron si apelarán contra los cuatro procesados que fueron descargados.
Luego de que tanto la defensa de Rondón y Díaz Rúa y el Ministerio Público recurran, el expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Tras recibir el expediente, el juez Julio César Canó Alfau, quien preside la Cámara Penal, mediante un sorteo aleatorio computarizado designará una de las tres salas penales que conocerá los recursos de apelación.
El 14 de octubre del año pasado, el tribunal condenó a ocho años de prisión a Ángel Rondón. También impusieron cinco años a Víctor Díaz Rúa, luego de determinar su responsabilidad penal en los hechos.
En la sentencia ordenaron decomisar a Rondón las empresas Lanshan Corp y Constructora y Contratistas Conamsa, además de todos los bienes que supuestamente son fruto de las actividades ilícitas.
También dispusieron decomisar a Díaz Rúa un inmueble en casa de Campo en La Romana; condominio en la Torre Caney; el yate “La Balbie”; la empresa Radiodifusora Sky Land, entre otros.
El tribunal declaró la absolución de Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán y Juan Roberto Rodríguez Hernández. Se dispuso levantar la medida de coerción en su contra y el cese de toda orden de inmovilización de fondos y cancelación de cualquier oposición a sus bienes.
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