Por años, más de 20 personas han manejado una compleja y extensa agrupación de crimen organizado que utilizaba el territorio dominicano como base para el tráfico de drogas e internacional de armas a países de América y Europa, así como también del lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Aunque varios de ellos ya habían sido apresados por vínculos a lavado de activos y narcotráfico, obtenían la libertad pese a las graves imputaciones que pesaban en su contra y retomaban sus acciones, posicionando al cabecilla de este entramado como uno de los más importantes en la región.
La posición geográfica del país fue un aspecto que esta estructura de crimen organizado internacional supo aprovechar como base operativa, importando múltiples cargamentos de cocaína que le generaron cientos de bienes y millones de activos hoy invertidos en la República Dominicana, Estados Unidos y otros países. ¿Cómo lograron hacer todo esto sin que las autoridades lo sepan y reincidiendo en estos crímenes?
Como uno “sin precedentes”, así describen las autoridades el esquema operativo montado por Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien según las investigaciones se ha convertido en un poderoso y temido narcotraficante internacional.
La sede de la organización está ubicada en la provincia Santiago de los Caballeros, desde donde de manera sistemática se manejaban operaciones ilícitas “bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculadas a megas operaciones de narcotráfico”.
La razón de que varios de los imputados procesados anteriormente por narcotráfico regresaran a sus antiguas operaciones ilegales puede estar detrás de una de sus estrategias para el lavado de dinero: el financiamiento de candidatos políticos electos.
Escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, entre otras entidades, fueron las que presuntamente patrocinaron con el objetivo de tener incidencia y poder.
La solicitud de medida de coerción, a la que tuvo acceso este diario, agrega que para mantener sus actividades bajo un esquema de protección, este extenso entramado sobornó a autoridades y mantenían atemorizados bajo amenazas a cientos de ciudadanos, en los lugares en los que desplegaban sus operaciones criminales como el municipio de Miches o la llamada Ciudad Corazón.
También se indica entre sus características que evadían la persecución penal de las autoridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos; por igual, salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de la gravedad de las acusaciones.
Sus actividades han sido vigiladas por organismos internacionales desde noviembre de 2017, los cuales aseguran que se están dedicado al lavado de dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica (Colombia y Venezuela) hacia República Dominicana con destino final a los Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores.
Asimismo, los cabecillas de la presunta organización de narcotráfico transnacional, Erick Mosquea y Juan José de la Cruz Morales para coordinar las actividades de narcotráfico se contactaban con los demás miembros mediante la plataforma BlackBerry BBM-PIN, la cual se popularizó en el país al principio de la década de 2010.
Aunque parezca extraño por el desuso que ha sufrido la aplicación en los últimos años, este era el canal de comunicación utilizado para realizar las coordinaciones de narcotráfico y lavado de activos “en razón de que se consideraba de alto nivel de seguridad de la información y de difícil interceptación, además de que este servicio de mensajería les permitía escribir y no utilizar la voz así como también a utilizar usuarios, en vez de utilizar sus nombres”.
En el apartado número 39 del relato fáctico y circunstanciado de los hechos se relata que, a raíz de un fuerte golpe en Puerto Rico contra el entramado, posiblemente en una ocasión que Mosquea fue apresado en 2016, es que inician las labores en Santiago, ciudad en la que continuaron “lavando más dinero a través de grandes inversiones ilícitas en el sector financiero y no financiero”.
Las autoridades nacionales e internacionales que participan de la investigación lograron identificar movimientos de miles de millones de pesos en algunos casos injustificados y en otros mezclados con dinero lícito para introducirlos sin sospechas en la economía formal dominicana.
Entre esas formas de lavado de activos se puede señalar una de la cual se acusa a los responsables de llevar la contabilidad de las estaciones de combustible de Erick Randhiel Mosquea Polanco, consistente en introducir un mayor reporte de ventas para así mezclar el dinero lícito con el dinero ilícito.
Otra de las tipologías que empleaban era la colocación en el sector inmobiliario a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas, apartamentos, edificios y locales comerciales, para uso y disfrute personal y ocultamiento de dinero ilícitos, armas de fuego y sustancias controladas, utilizando a su entorno familiar, estableciendo una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.y personas jurídicas constituidas a esos fines.
De igual forma, la estratificación en el sector inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde luego se construyen edificios y residenciales para los fines de venta y renta, utilizando constructoras e ingenieros que supuestamente trabajan para la organización criminal y, en el caso de los alquileres, a través de una sociedad que realizaba sus negocios mediante la plataforma Airbnb.
Otra manera en la que la sociedad criminal lavaba los activos era la utilización del sector financiero mediante la compra y venta de divisas o la adquisición de préstamos, pagados a corto plazo para justificar la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, así como certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar transacciones comerciales.
El Ministerio Público enumera como cuarta forma de operación, la ganadería y la producción agrícola, específicamente la industria bananera.
Además de estaciones de combustibles, discotecas, dealers de vehículos y de motores, renta de vehículos, ferreterías y restaurantes, negocios cuyas ventas en efectivo le permiten alterar facturas y la cantidad de ingresos, facilitando el movimiento del dinero sucio.
Por el valor que representa en el mercado, también aprovecharon la colocación de grandes cantidades de dinero en obras de arte, vehículos de alta gama, embarcaciones, relojes y joyas valiosas.
Tipologías conocidas en el sector no financiero en el área de juegos de azar se agregan a la lista, específicamente las bancas de apuestas para justificar ganancias, a pesar de que represente pérdidas en proporción al dinero invertido.
El deporte no está exento de ser utilizado como medio para estas actividades ilegales, ya que también aprovechan la representación de jugadores profesionales contratados por firmas reconocidas de béisbol para justificar los ingresos, a través de una compañía llamada Academia de beisbol Agramonte Torres SRL.
Implicados
Los que integran la estructura de criminalidad organizada, denominada por el Ministerio Público como “Operación Falcón” y liderada por Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, son: María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Características
El Ministerio Público estableció 29 características principales de la red de crimen organizado en la denominada “Operación Falcón”, que fue desmantelada el pasado miércoles con más de 100 allanamiento en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país.
Uno de esos rasgos es que portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles.
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